El Gobierno nacional dispuso un nuevo esquema para la asignación de cupos de exportación de carnes con acceso preferencial a mercados estratégicos. La medida apunta a ordenar reglas que venían renovándose por tramos, unificar criterios y sostener un mecanismo de reparto apoyado en el desempeño exportador de las empresas, con ajustes orientados a reducir distorsiones y simplificar requisitos.

El cambio se formalizó mediante la Resolución 242/2025 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada en el Boletín Oficial. El régimen abarca cupos con destino a la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos. En términos prácticos, busca reunir en un solo marco normativo condiciones de acceso que estaban dispersas en diferentes textos y plazos, lo que obligaba a los operadores a seguir actualizaciones frecuentes para no perder continuidad operativa ni incurrir en demoras administrativas.

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La Justicia argentina emitió una resolución que vuelve a poner en el centro del debate el uso de la prisión preventiva en causas penales de larga duración. El fallo analizó situaciones en las que personas permanecieron detenidas sin condena firme durante extensos períodos, y subrayó la necesidad de aplicar controles más estrictos sobre los plazos.

El tribunal sostuvo que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional y limitada en el tiempo, y que su prolongación solo puede justificarse en casos debidamente fundamentados. En ese sentido, remarcó que el paso de los años sin una sentencia definitiva genera riesgos de vulneración de derechos constitucionales.

La resolución indicó que los jueces de instrucción deberán revisar periódicamente las detenciones preventivas vigentes y evaluar alternativas menos gravosas cuando las condiciones procesales lo permitan. También señaló que la complejidad de una causa no puede convertirse en un argumento automático para extender indefinidamente la privación de libertad.

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La Justicia federal dictó una sentencia de fuerte impacto institucional por los hechos ocurridos en la cárcel de Devoto en marzo de 1978, conocidos como la Masacre del Pabellón Séptimo. El veredicto, emitido por un tribunal oral federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, estableció condenas de prisión para dos exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal por su rol en un operativo que terminó con un incendio, tormentos y la muerte de decenas de personas detenidas, además de numerosas lesiones graves.

El caso atravesó décadas de disputa pública y judicial. Durante años, lo sucedido fue narrado como un episodio confuso dentro de una cárcel, con versiones que minimizaron responsabilidades y lo presentaron como un motín. El juicio reconstruyó otra secuencia: un procedimiento de requisa con despliegue de fuerza, condiciones de encierro deterioradas y una respuesta estatal que, en vez de contener el riesgo, lo escaló hasta volverlo letal. La sentencia vuelve a poner un principio en primer plano: la privación de libertad no reduce la protección jurídica de la vida y la integridad física, y la custodia impone obligaciones reforzadas.

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La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la pena unificada de 13 años de prisión impuesta a José Francisco López, ex secretario de Obras Públicas, al convalidar la decisión de un tribunal oral que integró condenas ya firmes dictadas en distintos expedientes. El pronunciamiento no reabre el debate sobre los hechos ni revisa la prueba de las causas que derivaron en esas sentencias: se centra en cómo se organiza el cumplimiento cuando existen varias condenas y corresponde fijar una pena única.

En el plano jurídico, la unificación funciona como un “cierre de cálculo”. Cuando una persona registra más de una condena firme por hechos distintos, el sistema debe evitar superposiciones, resultados incoherentes y cálculos que vuelvan impracticable la ejecución. La pena única busca traducir ese conjunto de decisiones en un marco operativo claro para la etapa de cumplimiento, sin convertir el trámite en una nueva discusión sobre hechos ya juzgados.

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Un cambio en la representación de la Cámara de Diputados dentro del Consejo de la Magistratura volvió a poner bajo la lupa el equilibrio político del organismo que interviene en la selección y disciplina de jueces. La actualización de bancas y nombres, impulsada desde el ámbito parlamentario, reactivó una discusión que combina reglas institucionales, correlaciones de fuerzas y, sobre todo, la disputa por quién fija el pulso de los concursos y de las decisiones administrativas que inciden en el Poder Judicial.

El Consejo de la Magistratura no es un actor abstracto. Su funcionamiento impacta en la vida cotidiana de los tribunales porque interviene en procesos de selección de magistrados, en la administración del Poder Judicial y en el tratamiento de denuncias y expedientes disciplinarios. Por eso, cada movimiento de representación política dentro del Consejo tiene consecuencias: modifica mayorías, cambia la agenda posible y altera el margen de maniobra para impulsar o bloquear decisiones.

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El Tribunal Oral en lo Federal N.º 5 dictó una sentencia que vuelve a poner en primer plano uno de los episodios más trágicos y, durante décadas, más distorsionados de la historia carcelaria argentina: la llamada Masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida en el penal de Devoto en 1978. En un fallo de alto impacto por su alcance simbólico y judicial, el tribunal condenó a 25 años de prisión a dos exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal por su responsabilidad en los hechos que terminaron con decenas de personas privadas de libertad muertas y muchas otras heridas.

El caso arrastra una larga historia de silencios, relecturas y disputas por el sentido. Durante años, el episodio fue presentado en el espacio público como un motín. Esa narrativa trasladaba la carga del desastre a los internos y, al mismo tiempo, habilitaba una lectura que diluía la cadena de mandos y la obligación estatal de resguardar la vida de quienes están bajo custodia. La decisión del tribunal federal, en cambio, se apoya en otra tesis: hubo violencia institucional grave y conductas que, por su naturaleza, encuadran dentro de crímenes imprescriptibles vinculados a violaciones de derechos humanos.

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El incendio forestal que se mantiene activo en la zona de El Turbio, en cercanías de Lago Puelo (Chubut), volvió a concentrar un despliegue ampliado de recursos provinciales y nacionales. El objetivo inmediato es contener los frentes más dinámicos, limitar los rebrotes y sostener líneas de defensa en un terreno complejo, con vegetación combustible y accesos difíciles en sectores de montaña.

Según los partes operativos difundidos por autoridades provinciales, el siniestro comenzó a inicios de mes y, desde entonces, el dispositivo de combate se reforzó de manera progresiva de acuerdo con el comportamiento del fuego. La hipótesis principal sobre el origen lo vincula con la caída de un rayo, un patrón frecuente en episodios de tormentas secas en la cordillera patagónica cuando coinciden altas temperaturas, baja humedad y vientos que rotan con rapidez.

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El último dato de inflación volvió a ordenar la agenda económica y política. El índice de precios al consumidor (IPC) de noviembre registró una suba mensual del 2,5% a nivel nacional. Para el Gobierno, el número sostiene la idea de una desinflación en curso y refuerza la apuesta a mantener disciplina fiscal y un esquema monetario restrictivo. Para el resto del sistema —provincias, empresas, sindicatos y hogares— el dato funciona como alivio relativo y, a la vez, como advertencia: con una inflación más baja, se redefine el debate por salarios, tarifas, crédito y tipo de cambio, y se vuelve más visible el impacto de cada decisión sobre el bolsillo.

La desaceleración se percibe primero en lo cotidiano. Con variaciones mensuales más acotadas, la pregunta deja de ser “cuánto subió todo” y pasa a ser “qué rubros empujan más”. Esa distinción importa porque un promedio nacional esconde realidades diferentes: hay hogares cuyo gasto se concentra en alimentos y transporte, y otros donde pesan más alquileres, salud o educación. En un contexto de ingresos tensionados, un 2,5% puede convivir con bolsillos que sienten presión por subas puntuales, aun cuando el promedio parezca moderado.

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Representantes del Gobierno nacional y autoridades de varias ciudades del interior avanzan en la negociación de un nuevo esquema tarifario para el transporte urbano, en un contexto de subas de costos operativos, presión inflacionaria y caída de subsidios que afecta tanto a empresas como a usuarios. La discusión se intensificó en las últimas horas luego de que municipios advirtieran que el sistema atraviesa un punto crítico y que, sin una actualización coordinada, podrían verse obligados a reducir frecuencias o suspender recorridos.

La Secretaría de Transporte busca acordar un mecanismo de actualización que combine aportes nacionales focalizados, fortalecimiento de fondos provinciales y una transición hacia tarifas que reflejen de manera gradual los costos reales del servicio. La propuesta incluye una modalidad escalonada, con revisiones trimestrales y un componente compensatorio destinado a cubrir picos de demanda estacionales o situaciones extraordinarias que afecten la operación.

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El Gobierno nacional envió al Congreso un paquete de reforma tributaria que apunta a modificar de manera significativa la estructura de impuestos sobre empresas, inversiones y consumo, con la mirada puesta en reanimar la economía a partir de 2026. La iniciativa combina una baja de alícuotas del Impuesto a las Ganancias para el sector corporativo, la creación de un nuevo régimen de incentivos para medianas inversiones y la eliminación de una serie de gravámenes internos que impactan sobre bienes y servicios de uso masivo, en un intento de alivianar la carga fiscal y estimular el gasto privado.

En el corazón del proyecto se ubican los cambios en Ganancias para sociedades. La propuesta oficial reduce las tasas sobre las utilidades empresarias, con recortes de varios puntos porcentuales en los tramos superiores de la escala. El argumento de la cartera económica es que una menor presión sobre las ganancias formales puede mejorar la competitividad de las compañías, fortalecer su capacidad de invertir y favorecer la creación de empleo registrado, al tiempo que busca acercar la tributación argentina a los niveles vigentes en otras economías de la región.

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El Gobierno nacional confirmó que dentro del paquete de reformas que planea enviar al Congreso incluirá una modificación de la Ley de Tierras, una norma clave que regula quién puede comprar campos y en qué condiciones se pueden cambiar los usos del suelo. La iniciativa busca, según explican en la Casa Rosada, “modernizar” el marco vigente y alinearlo con los objetivos de atraer inversiones y acelerar proyectos productivos en distintas regiones del país.

El punto más sensible del borrador oficial es la flexibilización de los límites a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. La norma actual establece restricciones tanto por superficie como por localización estratégica de las parcelas, con el objetivo de evitar procesos de concentración y preservar áreas consideradas de valor ambiental o geopolítico. El nuevo esquema apunta a reducir trabas y habilitar un margen más amplio para la adquisición de campos por no residentes, especialmente en zonas con potencial agroexportador, forestal o energético.

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El Gobierno nacional abrió una mesa de trabajo con varias provincias para definir un acuerdo de refuerzo de la red eléctrica ante la nueva ola de calor que afecta a gran parte del país. La prioridad, según explican fuentes oficiales, es coordinar inversiones urgentes en transporte y distribución de energía, acelerar el ingreso de nueva generación al sistema y mejorar los mecanismos de monitoreo para reducir el riesgo de cortes masivos en los principales centros urbanos.

La discusión se da en un contexto de altos picos de demanda, con récords sucesivos de consumo en distintas franjas horarias y advertencias de las empresas distribuidoras sobre la presión que sufren las redes. En el área metropolitana y en varias capitales provinciales se registraron interrupciones del servicio de distinta intensidad, lo que reavivó el debate sobre la capacidad del sistema para responder a fenómenos climáticos extremos que se repiten con mayor frecuencia.

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El Gobierno nacional anunció el lanzamiento de un programa federal de obras de agua potable y saneamiento orientado a barrios populares de distintas provincias, con el objetivo de reducir los déficits de infraestructura básica que afectan a millones de personas. El plan contempla la construcción y ampliación de redes de distribución, plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo y conexiones domiciliarias en zonas urbanas y periurbanas que hoy dependen de camiones cisterna, perforaciones precarias o tomas informales para abastecerse de agua.

La iniciativa será coordinada entre los ministerios de infraestructura, desarrollo social y ambiente, en articulación con gobernadores e intendentes, y se financiará mediante una combinación de recursos del presupuesto nacional, aportes de las provincias y créditos de organismos multilaterales. Las primeras licitaciones se enfocarán en conglomerados con altos índices de vulnerabilidad sanitaria y demográfica, donde los indicadores oficiales registran niveles críticos de acceso a servicios básicos y presencia de enfermedades vinculadas a la falta de agua segura.

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El gobierno nacional concretó una nueva colocación de deuda en dólares bajo ley local que se convirtió en un test clave para medir el pulso de los mercados frente al programa de ajuste y reformas que impulsa la actual administración. La emisión, estructurada como un bono denominado en moneda estadounidense y pagadero en el país, logró captar un monto cercano a los mil millones de dólares con un rendimiento en torno al once por ciento, un nivel que refleja tanto el interés de los inversores como las dudas persistentes sobre el riesgo argentino.

La operación estuvo dirigida principalmente a grandes fondos institucionales y bancos con posiciones en títulos locales, que aprovecharon la oportunidad para canjear instrumentos en cartera y asegurar un flujo de dólares a una tasa considerada atractiva. Según los datos oficiales difundidos tras el cierre del libro de órdenes, la demanda superó lo finalmente adjudicado, lo que permitió al Tesoro ajustar el precio y definir un cupón intermedio entre las pretensiones de los compradores y el objetivo de mostrar una señal de normalización financiera.

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El Gobierno de Jujuy informó que varias localidades del norte provincial enfrentan cortes programados de gas debido a una falla detectada en un tramo del sistema de distribución que abastece a La Quiaca, Abra Pampa, Yavi y zonas rurales aledañas. La interrupción del servicio comenzó anoche y continuará de manera alternada hasta que se completen las reparaciones.

De acuerdo con el reporte técnico de la empresa distribuidora, la falla se originó en una válvula reguladora que presentó una pérdida de presión significativa, obligando a cerrar temporalmente el suministro para evitar incidentes mayores. Equipos especializados trabajan desde la madrugada en el reemplazo del componente afectado, aunque las condiciones climáticas de la Puna dificultan las tareas.

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Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en los Valles Calchaquíes provocaron varios deslizamientos de tierra que obligaron al cierre total y parcial de rutas provinciales en Salta, afectando el tránsito y el acceso a localidades turísticas como Cachi, Seclantás y Molinos.

Vialidad Provincial informó que los sectores más comprometidos se encuentran en la Ruta Provincial 33, especialmente en la Cuesta del Obispo, donde maquinaria pesada trabaja para despejar rocas, barro y sedimentos que cayeron sobre la calzada. El organismo recomendó evitar la circulación hasta nuevo aviso.

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Un fuerte temporal de lluvia afectó durante la madrugada a zonas cordilleranas de La Rioja, provocando derrumbes, crecidas repentinas de ríos y cortes totales y parciales en rutas provinciales. Las áreas más comprometidas se registraron en los departamentos Famatina, Chilecito y Vinchina, donde las precipitaciones superaron los 70 mm en pocas horas.

La Ruta Provincial 11 permaneció cerrada debido a la caída de material rocoso en varios tramos cercanos a Famatina, mientras que maquinaria vial trabaja para despejar lodo y piedras. En Vinchina, el aumento repentino del caudal del río Bermejo interrumpió el tránsito hacia zonas turísticas de alta montaña.

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Varias localidades del noreste de Misiones quedaron sin suministro eléctrico esta mañana a raíz de una falla registrada en un tramo de la red de transmisión que abastece a municipios de la zona de Bernardo de Irigoyen, San Antonio, Pozo Azul y parte de Eldorado. El corte se produjo cerca de las 6:30 y afectó a hogares, comercios, escuelas y servicios esenciales.

Según el reporte preliminar de Energía de Misiones, la falla se originó en un módulo de protección de una estación transformadora cercana a Bernardo de Irigoyen, lo que provocó la desconexión automática de un ramal completo del sistema de alta tensión. La empresa informó que los equipos técnicos trabajan en el lugar para restablecer el servicio de manera progresiva.

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Un fuerte temporal de nieve y viento que afecta desde anoche a Tierra del Fuego obligó al cierre preventivo de varios tramos de las rutas provinciales 3 y 5, principalmente en sectores rurales del sur de la provincia. La Dirección Provincial de Seguridad Vial informó que las intensas ráfagas y la acumulación de nieve redujeron de forma crítica la visibilidad, generando condiciones peligrosas para la circulación.

El fenómeno meteorológico, inusual para esta altura del año pero frecuente en etapas de transición climática, se intensificó durante la madrugada con ráfagas superiores a los 90 km/h y precipitaciones intermitentes de nieve húmeda. Estas condiciones complicaron el tránsito de vehículos particulares y camiones que abastecen a pequeños poblados y estancias del sector sur.

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El Gobierno nacional anunció una nueva reducción de las retenciones que gravan a las exportaciones agropecuarias, con recortes en las alícuotas aplicadas a la soja, sus derivados y a los principales granos. La medida apunta a incentivar la liquidación de divisas del complejo agroexportador, fortalecer las reservas y enviar una señal de alivio fiscal a uno de los sectores clave de la economía argentina.

De acuerdo con la comunicación oficial, el derecho de exportación aplicado al poroto de soja se reduce dos puntos porcentuales, mientras que el aceite y la harina de soja registran un descenso similar. También se dispuso una baja en las alícuotas que pagan el maíz y el trigo, con el objetivo de mejorar la competitividad externa de la oferta argentina en un contexto de fuerte competencia internacional y precios más moderados que en años anteriores.

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El Gobierno nacional anunció una nueva reducción de los derechos de exportación para las principales cadenas de granos y subproductos, una medida que apunta a aliviar la carga fiscal del sector agropecuario y mejorar la competitividad externa de las exportaciones argentinas. El recorte alcanza a cultivos como soja, trigo, maíz, girasol y otros productos agroindustriales, con rebajas de entre uno y dos puntos porcentuales según la posición arancelaria.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Economía, la decisión forma parte de un “sendero de alivio fiscal” que el equipo económico venía anticipando en las últimas semanas y que ahora se concreta con un esquema más permanente para el campo. El anuncio fue realizado tras una serie de reuniones con entidades del agro, exportadores y gobiernos provinciales, en las que se evaluaron alternativas para sostener el nivel de liquidación de divisas en un contexto de reservas ajustadas y de alta volatilidad internacional en los precios de los commodities.

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El envío al Congreso del proyecto de ley de libertad educativa se convirtió en uno de los movimientos políticos más relevantes de las últimas horas. La iniciativa busca redefinir el rol del Estado en la organización del sistema escolar, otorgar mayor autonomía a las provincias y a las instituciones y abrir la puerta a nuevas formas de escolarización por fuera de las aulas tradicionales.

Entre los puntos centrales del texto se incluye el reconocimiento de la educación en el hogar como una modalidad válida para cumplir con la educación obligatoria. Las familias podrán asumir directamente la enseñanza de los contenidos, con la obligación de inscribir a los estudiantes en el sistema para rendir evaluaciones periódicas y acreditar avances. El Gobierno sostiene que esta opción apunta a dar flexibilidad a quienes no encuentran respuestas en la escuela convencional o viven en zonas con poca oferta educativa.

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El Gobierno nacional terminó de delinear un proyecto de ley que introduce cambios en cuatro impuestos centrales del esquema tributario y que, según adelantaron fuentes oficiales, será enviado al Congreso junto con la reforma laboral que el Poder Ejecutivo busca debatir en sesiones extraordinarias.

La iniciativa forma parte del paquete de medidas económicas con el que la Casa Rosada intenta dar una señal de alivio impositivo al sector privado, al tiempo que mantiene el objetivo de preservar el superávit fiscal. La apuesta oficial es aprovechar la ventana de sesiones extraordinarias para avanzar rápidamente con un capítulo acotado de reforma tributaria, mientras se prepara una revisión más amplia del sistema para comienzos de 2026.

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Un amplio frente sindical de trabajadores estatales y empleados de organismos descentralizados llevó adelante un paro nacional que afectó con fuerza la actividad en la administración pública. La medida incluyó movilizaciones y actos en las principales ciudades del país en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno, al que los gremios acusan de recortar derechos y facilitar despidos.

En la ciudad de Buenos Aires, columnas de distintos sectores confluyeron frente a la sede del Poder Ejecutivo y en las inmediaciones del Congreso, donde se concentra el debate político sobre los cambios propuestos en la legislación laboral. La circulación de transporte público se vio resentida por la adhesión de choferes y trabajadores de servicios, mientras que numerosas oficinas administrativas funcionaron con guardias mínimas o permanecieron cerradas.

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El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires fijó un criterio clave para los juicios por accidentes y enfermedades laborales: resolvió que la variación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) es el parámetro que debe utilizarse para actualizar los intereses de las indemnizaciones derivadas de estos casos. La decisión ordena ajustar los créditos conforme a la normativa especial de riesgos del trabajo y desplaza esquemas de actualización basados en el índice de precios al consumidor más tasas de interés adicionales fijadas por los jueces.

El pronunciamiento se dio en una causa iniciada por un trabajador que reclamó una indemnización por enfermedad profesional, cuya primera manifestación invalidante se había producido a mediados de la década pasada. En instancias inferiores se había dispuesto actualizar el capital de condena utilizando la evolución del índice de precios al consumidor oficial, sumado a una tasa de interés pura anual, con el objetivo de preservar el valor real del crédito frente a la inflación. La aseguradora de riesgos del trabajo apeló al considerar que ese esquema se apartaba de la legislación específica aprobada para el sistema.

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Un fallo del fuero de Familia de la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro, reconoció la triple filiación de un adolescente que convive desde los cuatro años con su madre y la actual pareja de ella, y que al mismo tiempo mantiene un vínculo afectivo y jurídico con su padre biológico. La resolución declaró inconstitucional el último párrafo del artículo 558 del Código Civil y Comercial, que establece que ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, y priorizó el derecho del joven a que su realidad familiar quede plenamente reflejada en los registros oficiales.

Según se desprende del expediente, el adolescente construyó a lo largo de su vida un lazo muy fuerte con el compañero de su madre, quien lo acompañó en su crianza cotidiana, lo sostuvo en sus proyectos de estudio y recreación, y compartió con él actividades e intereses. Con el tiempo, la familia se amplió con la adopción de un hermanito y esa experiencia reforzó el deseo del joven de llevar el mismo apellido que su padre de crianza, sin renunciar al vínculo con su progenitor biológico.

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El Gobierno nacional formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso para la segunda quincena de diciembre, con el objetivo de acelerar el tratamiento del Presupuesto 2026 y de un paquete de reformas consideradas centrales para la hoja de ruta política de la Casa Rosada. La decisión quedó plasmada en un decreto publicado en el Boletín Oficial y abrió inmediatamente una nueva etapa de negociaciones con los bloques legislativos y los gobernadores.

El llamado a extraordinarias fija que las cámaras de Diputados y Senadores sesionarán en un período acotado, entre el 10 y el 30 de diciembre, con un temario que incluye, además del Presupuesto, la reforma laboral, un nuevo Código Penal, cambios en la Ley de Glaciares y otros proyectos vinculados a incentivos a la inversión y a la organización institucional del Estado. El esquema apunta a aprovechar la reciente recomposición de fuerzas en el Congreso tras las elecciones legislativas para intentar consolidar mayorías circunstanciales que le permitan al oficialismo avanzar con su agenda.

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La discusión sobre los límites de la cosa juzgada penal volvió a instalarse en Entre Ríos luego de que el Procurador General de la provincia rechazara de manera categórica el pedido de revisión de la condena a 23 años de prisión que pesa sobre el ex abogado Gustavo Rivas, sentenciado por promoción de la prostitución y corrupción de menores.

Rivas, una figura conocida en el ámbito social y político de Gualeguaychú, fue investigado a partir de múltiples denuncias de víctimas y de una investigación periodística que expuso relatos de abusos cometidos durante décadas. Esas actuaciones derivaron primero en un juicio oral en 2019, en el que se dictó una condena de ocho años de prisión, y luego en un segundo proceso en 2022, cuando otro tribunal amplió la responsabilidad penal y fijó una pena única de 23 años de prisión efectiva.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo de alto impacto institucional y ambiental al ordenar a la Nación, a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y a los municipios de Rosario y Victoria que implementen de manera efectiva un plan integral para frenar los incendios en la zona de islas del Delta del río Paraná. La decisión se enmarca en una causa iniciada en 2020, luego de una sucesión de quemas masivas que afectaron a cientos de miles de hectáreas de humedales, áreas naturales protegidas y zonas productivas, y que provocaron reiterados episodios de humo sobre grandes centros urbanos del litoral.

En su resolución, el máximo tribunal ratificó la responsabilidad compartida de los distintos niveles del Estado sobre el territorio y exigió la ejecución del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas-DP). Ese instrumento, elaborado hace años por organismos nacionales y provinciales, establece lineamientos para ordenar el uso del suelo, prevenir incendios, proteger la biodiversidad y asegurar un desarrollo productivo compatible con la preservación de los humedales. Hasta ahora, su aplicación había sido parcial y fragmentada, a pesar de las advertencias de especialistas y de los reclamos de la población afectada.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a conjueces para intervenir en el expediente por el crimen de Julieta González, una joven asesinada en Mendoza en 2016, en una causa que podría redefinir el alcance de la figura de femicidio en la jurisprudencia argentina. La decisión, que surge ante la posibilidad de un fallo dividido entre los ministros del máximo tribunal, vuelve a poner en el centro de la agenda judicial el tratamiento de los casos de violencia de género y la manera en que los tribunales califican penalmente estos hechos.

El caso tiene como protagonista a Andrés Di Césare, condenado a prisión perpetua por el homicidio de González luego de que instancias judiciales anteriores descartaran la calificación de femicidio. La defensa del imputado acudió a la Corte con un recurso extraordinario para revisar esa decisión, cuestionando la forma en que se valoraron las pruebas y la calificación legal aplicada. La intervención de conjueces, una herramienta prevista para situaciones de posible empate o divergencias profundas entre los ministros, muestra la relevancia institucional que el tribunal asigna al expediente.

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La Justicia laboral atraviesa una nueva etapa de tensión institucional en la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos días, decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño profundizaron la discusión sobre qué tribunal tiene la última palabra en los conflictos del trabajo y cómo deben calcularse las indemnizaciones y los intereses derivados de accidentes laborales.

El punto de partida es un fallo de la Corte Suprema en la causa conocida como Levinas, en el que el máximo tribunal ratificó que las sentencias de los juzgados nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires pueden ser revisadas por el TSJ local cuando se discuten cuestiones de derecho común. El criterio, que ya venía apareciendo en precedentes anteriores, fue ahora reafirmado en el fuero laboral, alentando a las empresas demandadas a apelar en forma paralela ante la Corte y ante el máximo tribunal porteño.

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El anuncio de un nuevo bono en dólares a cuatro años, con cupón en torno al 6,5% y emitido bajo legislación local, se convirtió en la pieza central de la estrategia del Ministerio de Economía para medir el apetito del mercado y reforzar las reservas del Banco Central. La licitación buscará captar divisas frescas en un momento en el que el Gobierno enfrenta vencimientos de deuda por encima de los 4.200 millones de dólares a comienzos de año y necesita mostrar capacidad de refinanciamiento sin volver a tensar el frente cambiario.

La colocación llega después de varias semanas de señales cruzadas del equipo económico sobre la conveniencia de acelerar o moderar el ritmo de endeudamiento en moneda extranjera. Por un lado, el acuerdo vigente con los organismos financieros internacionales fijó metas de acumulación de reservas y redujo parcialmente la presión sobre el tipo de cambio. Por otro, la salida de capitales en algunos segmentos y la menor liquidación de exportaciones encendieron luces amarillas sobre la capacidad del Banco Central de sostener la estabilidad solo con intervenciones en el mercado cambiario.

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La Justicia federal ordenó una serie de allanamientos en sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de distintos clubes profesionales en el marco de la causa Sur Finanzas, una investigación por presunto lavado de dinero y maniobras irregulares vinculadas al financiamiento del fútbol. Los procedimientos se llevaron adelante en las últimas horas con intervención de la Policía Federal Argentina y se concentraron en dependencias administrativas y oficinas donde se conservaría documentación clave para el expediente.

La medida fue dispuesta por el juez federal Luis Armella, que subroga el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora. Según fuentes judiciales, se trata de más de treinta allanamientos simultáneos en el área metropolitana y el interior del país, que incluyen la histórica sede de la AFA en la Ciudad de Buenos Aires, el predio de Ezeiza y dependencias vinculadas a la organización de los torneos de primera división. El objetivo es obtener registros contables, contratos y comunicaciones que permitan reconstruir el circuito financiero bajo sospecha.

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La Secretaría de Energía autorizó el ingreso de Teslacom Energía S.A. como nuevo participante comercializador en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en el marco de una resolución que formaliza su incorporación al sistema y la habilita a celebrar transacciones con generadoras, distribuidoras y grandes usuarios de todo el país. La decisión se inscribe en el proceso de apertura y diversificación de actores en el mercado eléctrico argentino, con el objetivo de ampliar la oferta de servicios y fomentar una mayor competencia entre empresas privadas.

De acuerdo con la normativa publicada, la empresa cumplió con los requisitos técnicos, patrimoniales y societarios exigidos para operar en el MEM, incluyendo la presentación de garantías económicas, información financiera y documentación legal que acreditan su capacidad para actuar como intermediario en la compra y venta de energía. El organismo administrador del sistema eléctrico, que supervisa las transacciones mayoristas, informó que Teslacom Energía completó los procedimientos y está en condiciones de integrarse al despacho del mercado.

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El Gobierno nacional formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación entre el 10 y el 30 de diciembre, a través de un decreto que fija un temario acotado pero de alto impacto institucional y económico. El llamado habilita a las cámaras a debatir un conjunto de proyectos que el Poder Ejecutivo considera prioritarios para la etapa que se abre, en especial en materia de presupuesto, política tributaria, legislación laboral, reformas penales y normas ambientales.

En el centro de la agenda aparece el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026, que definirá el nivel de gasto, las fuentes de financiamiento y las prioridades de inversión del Estado para el próximo año. El debate presupuestario llega en un contexto de ajuste fiscal, revisión de subsidios y discusión sobre el alcance de las partidas destinadas a infraestructura, políticas sociales, educación, seguridad y salud en las distintas jurisdicciones del país.

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El Gobierno nacional decidió acelerar la discusión de su proyecto de reforma laboral y confirmó que el texto será enviado al Senado para ser tratado durante las sesiones extraordinarias de diciembre. La iniciativa forma parte del paquete de leyes que el Poder Ejecutivo busca aprobar antes de fin de año, junto con el Presupuesto 2026, cambios tributarios y modificaciones al Código Penal.

La convocatoria a sesiones extraordinarias, que regirán del 10 al 30 de diciembre, fue oficializada días atrás mediante decreto presidencial y habilita a que la denominada “modernización laboral” tenga su primer debate parlamentario en la Cámara alta. La Casa Rosada apuesta a conseguir una media sanción rápida y luego continuar la discusión en la Cámara de Diputados, en un cronograma legislativo ajustado por los plazos y las fiestas de fin de año.

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El Gobierno nacional presentó en las últimas horas el texto de su reforma laboral ante el denominado Consejo de Mayo y se prepara para enviar el proyecto al Congreso en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas para diciembre. La iniciativa se inscribe en la agenda de cambios económicos y regulatorios que el oficialismo busca aprobar antes de fin de año y vuelve a tensar la relación con los sindicatos y parte de la oposición parlamentaria.

Según el borrador que circula entre legisladores y especialistas, el esquema apunta a modificar aspectos clave del régimen de contratación y de los aportes sindicales, con el argumento de reducir litigiosidad, promover nuevas modalidades de empleo y dar mayor previsibilidad a las empresas. El texto también introduce cambios en indemnizaciones, fondos de cese y mecanismos de resolución de conflictos, junto con capítulos específicos sobre registración laboral y simplificación administrativa para pymes.

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El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) abrió una consulta técnica dirigida a empresas del sector, universidades y especialistas para revisar el esquema vigente de licencias 5G y definir un nuevo marco regulatorio que permita ampliar la competencia en el mercado argentino de telecomunicaciones. La iniciativa fue publicada en el boletín oficial y constituye el primer paso de un rediseño más amplio sobre la estructura del espectro radioeléctrico.

Según el organismo, la consulta tiene como objetivo evaluar el desempeño del esquema actual, relevar necesidades de modernización tecnológica y analizar la factibilidad de incorporar nuevos operadores, especialmente en regiones donde la cobertura móvil muestra rezagos. El documento inicial habilita la presentación de propuestas técnicas durante un período de 20 días, tras lo cual el regulador elaborará un dictamen con recomendaciones.

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La crecida del río Paraná obligó en las últimas 24 horas a evacuar a más de 1.200 personas en distintas localidades de la provincia de Santa Fe, en medio de un avance acelerado del caudal asociado a acumulación de precipitaciones en la cuenca alta y aportes extraordinarios provenientes del sur de Brasil. Las autoridades provinciales declararon alerta hidrológica y activaron operativos de contención en toda la zona ribereña.

Los mayores desplazamientos se registraron en las ciudades de Reconquista, Santo Tomé y Santa Fe capital, donde el nivel del río superó cotas de evacuación y anegó zonas bajas cercanas a la costa. Equipos municipales y personal de Protección Civil trabajan desde la madrugada en el traslado de familias hacia centros de evacuación, escuelas y clubes acondicionados como refugios temporales.

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El Gobierno nacional oficializó un nuevo incremento salarial para las trabajadoras y los trabajadores de casas particulares, junto con el pago de un bono extraordinario de fin de año, tras la publicación de la resolución correspondiente en el Boletín Oficial. La medida consolida el aumento del 2,7% acordado para el último tramo de 2025, que se aplica en dos etapas, y suma una asignación adicional que busca recomponer en parte el poder adquisitivo de uno de los sectores más precarizados del mercado laboral argentino.

De acuerdo con lo dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, el esquema de actualización prevé un incremento del 1,4% sobre los salarios mínimos en noviembre y otro del 1,3% en diciembre, ambos calculados sobre las escalas vigentes. Con estos ajustes, las nuevas remuneraciones de referencia se trasladan tanto a las modalidades con retiro como sin retiro en todas las categorías: supervisión, tareas específicas, caseros, cuidado de personas y tareas generales.

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Argentina volvió a aparecer en el radar de los grandes fondos globales de inversión como un destino relevante para la compra y venta de empresas. Un nuevo estudio internacional sobre fusiones y adquisiciones en América Latina ubica al país entre los mercados más atractivos de la región, en un contexto de mayor interés por activos estratégicos y de un portafolio de proyectos que supera los treinta mil millones de dólares.

Según el relevamiento, la región atraviesa una etapa de fuerte dinamismo en operaciones de fusiones y adquisiciones, impulsada por valuaciones consideradas competitivas, la búsqueda de diversificación geográfica y el apetito por sectores con alto potencial de crecimiento. En ese escenario, Argentina se ubica entre los destinos que más atención despiertan, junto con las principales economías latinoamericanas, gracias a un conjunto de reformas recientes y a un marco regulatorio que empieza a ofrecer mayor previsibilidad para inversiones de largo plazo.

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre de 2025, que registró una variación mensual menor a la de octubre y consolidó el proceso de desaceleración inflacionaria observado desde mediados de año.

Según los datos oficiales, el mes cerró con un incremento general que se ubicó por debajo de las proyecciones privadas, impulsado por una moderación en alimentos y bebidas, mientras que transporte y salud fueron los sectores que más aumentaron durante el período.

El informe detalla que alimentos, uno de los rubros de mayor peso en la canasta, mostró subas moderadas luego de los fuertes incrementos de los meses previos. En contraste, los servicios privados de salud y los ajustes en transporte urbano fueron los principales aportes al alza del índice general.

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La fuerte baja de las tasas de interés en pesos registrada en los últimos días comenzó a modificar con rapidez el mapa del crédito y del ahorro en la Argentina. Luego de una batería de decisiones del equipo económico para aflojar el ajuste monetario aplicado antes de las elecciones de medio término, los rendimientos de las colocaciones a plazo y de muchos instrumentos de liquidez se ubican ahora en niveles que no se veían desde julio, mientras el costo de endeudarse para empresas y gobiernos también se acomoda a la nueva etapa.

De acuerdo con datos del mercado financiero, las tasas mayoristas que se pagan por grandes depósitos a 30 días en bancos de primera línea cedieron más de 30 puntos porcentuales desde fines de octubre. Indicadores de referencia que seguían de cerca las decisiones del Banco Central, como las tasas promedio para plazos fijos de alto monto, pasaron de niveles cercanos al 50% anual a valores en el rango del 20% al 30% anual, acompañando la relajación de las condiciones monetarias.

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El Gobierno nacional puso en marcha una actualización integral del sistema de controles fitosanitarios aplicados en puertos, terminales y pasos fronterizos, con el objetivo de agilizar la salida de productos agroindustriales en plena etapa de cosecha y embarques. Las nuevas directrices buscan reducir tiempos de espera, modernizar procesos y unificar criterios entre organismos que intervienen en la fiscalización.

La medida se adoptó tras varias semanas de reuniones con representantes del complejo agroexportador, quienes venían reclamando mayor coordinación para evitar demoras que afectan la logística de camiones, la programación de embarques y la competitividad internacional de las cadenas de valor. Según fuentes oficiales, el rediseño incluye la digitalización de certificados, inspecciones con equipos portátiles de análisis y un protocolo único para detección de plagas en granos, harinas y aceites.

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El oficialismo en la Cámara de Diputados se prepara para cerrar el año con una agenda intensa que tendrá al Presupuesto 2026 como pieza central. Con el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias ya definido, el Poder Ejecutivo busca asegurar el tratamiento de un paquete de proyectos económicos y penales que considera clave para la próxima etapa de su programa de gobierno.

Entre los temas que figuran en el temario a debatir se destacan, además del cálculo de gastos y recursos para 2026, una iniciativa de orden fiscal destinada a reforzar las obligaciones tributarias y un esquema de compromiso de estabilidad fiscal y monetaria. A ese combo se suman una reforma laboral de alcance amplio, cambios en el Código Penal y ajustes en la normativa de protección de glaciares, lo que anticipa un escenario de fuerte discusión política y técnica en las comisiones.

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El Gobierno nacional avanza con un nuevo capítulo de su programa de reorganización del Estado a través de la progresiva privatización del sistema ferroviario de cargas. El primer paso será la licitación de la red Belgrano Cargas, que concentra tres de los principales ramales de transporte de mercaderías del país y constituye un eje clave para el despacho de granos, subproductos y minerales hacia los puertos del Gran Rosario.

La iniciativa prevé ofrecer a operadores privados la gestión de la infraestructura y de los servicios de la red, con contratos de largo plazo y obligaciones de inversión que apuntan a modernizar vías, material rodante, señalamiento y nodos logísticos. La administración nacional busca reducir de forma significativa los costos de transporte desde las zonas productivas del norte y oeste del país hacia los puertos de exportación, una condición que el sector empresario considera determinante para expandir la frontera agrícola y minera.

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El gobierno de Neuquén volvió a poner el foco en la salud pública del interior provincial con una recorrida oficial por la obra de ampliación del hospital de Aluminé. Las autoridades provinciales destacaron que los trabajos avanzan a buen ritmo y que el objetivo es sumar capacidad de atención, equipamiento y nuevos espacios para servicios clave, en una localidad de crecimiento sostenido y con fuerte demanda turística en temporada alta.

Durante la visita, el gobernador y parte de su gabinete supervisaron la ejecución de la obra y dialogaron con equipos técnicos y trabajadores de la construcción. Según remarcaron, la ampliación del hospital forma parte de un programa más amplio de inversiones sanitarias que se viene desplegando en distintas localidades neuquinas, con énfasis en mejorar la infraestructura en zonas alejadas de la capital provincial y los grandes centros urbanos.

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El debate por los aumentos en las tarifas eléctricas sumó tensión en las últimas horas luego de que gobernadores de varias provincias pidieran al Gobierno nacional revisar la última actualización aplicada al servicio. El planteo surge en medio de un incremento sostenido en los costos de energía y transporte, que en algunas jurisdicciones implicó subas superiores al promedio nacional.

Los mandatarios provinciales argumentan que el ajuste golpea con fuerza a los hogares de ingresos medios y bajos, así como a las pequeñas y medianas empresas que enfrentan un escenario económico todavía frágil. En varias provincias del norte y del sur del país, los gobiernos locales alertan que la combinación de tarifas más altas y temperaturas extremas genera un impacto social que requiere medidas de compensación específicas.

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La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) se encuentra en pleno proceso de discusión interna para definir cómo responderá al proyecto de reforma laboral que el Gobierno nacional alista para enviar al Congreso. Según anticiparon dirigentes de la central obrera, la estrategia combinaría la presencia en el debate parlamentario con eventuales medidas de fuerza si el texto definitivo avanza sobre derechos adquiridos de los trabajadores.

En declaraciones radiales, la secretaria de derechos humanos de la CGT, Maia Volcovinsky, sostuvo que las decisiones “no serán muy amables” si se confirma que el borrador flexibiliza condiciones de contratación, limita las indemnizaciones y habilita modalidades de trabajo con menor cobertura de seguridad social. La dirigente remarcó que la central espera conocer en detalle la versión que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso, pero adelantó que ya se analizan distintos escenarios de protesta y negociación. citeturn1view0

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El Ministerio de Economía decidió avanzar con una nueva emisión del Bonar 29, un título en dólares pensado para cubrir parte de los vencimientos de deuda previstos para comienzos de 2026 y, al mismo tiempo, fortalecer el nivel de reservas del Banco Central. La operación forma parte de la estrategia oficial para reducir la presión sobre el mercado cambiario en un contexto de alta demanda de divisas y expectativas cruzadas sobre la evolución del tipo de cambio.

Según detallan en el equipo económico, el objetivo es captar fondos suficientes para enfrentar pagos concentrados en los próximos meses sin recurrir de manera directa a las reservas internacionales. De esta forma, el Gobierno busca mostrar capacidad de refinanciar sus compromisos en moneda extranjera y enviar una señal de previsibilidad a los inversores, tanto locales como externos, que siguen de cerca el desempeño de los bonos argentinos.

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) se encuentra en las etapas finales de diseño de una nueva regulación que podría habilitar a los bancos a ofrecer servicios de compra, venta y custodia de criptomonedas a sus clientes. Se trata de un giro relevante respecto del esquema vigente desde 2022, cuando la autoridad monetaria prohibió expresamente a las entidades financieras comercializar criptoactivos de manera directa. La eventual flexibilización forma parte de una revisión más amplia de la normativa financiera en el marco de la agenda de reformas del Gobierno nacional.

Según trascendió en los últimos días, los equipos técnicos del BCRA trabajan en un esquema que reemplace la prohibición general por un marco regulado, con requisitos específicos de capital, gestión de riesgos y transparencia para los bancos que decidan operar con estos activos digitales. La idea central es que, en lugar de que los usuarios recurran a plataformas no supervisadas, puedan acceder a servicios cripto dentro del sistema financiero formal, con controles de cumplimiento, reportes obligatorios y estándares de ciberseguridad más estrictos.

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Gobernadores de distintos signos políticos retomaron en las últimas horas las negociaciones con el Gobierno nacional para reactivar el Fondo Federal de Infraestructura, un mecanismo clave para financiar obras públicas provinciales que quedó virtualmente paralizado en el último trimestre. La discusión se aceleró tras una serie de reuniones técnicas en Buenos Aires, donde equipos de Hacienda y Obras Públicas analizaron el impacto de la falta de desembolsos en rutas, hospitales y proyectos de saneamiento.

Funcionarios involucrados en las conversaciones señalaron que la prioridad es evitar una caída mayor en la actividad de la construcción, uno de los sectores más afectados por la contracción económica reciente. Según datos actualizados de cámaras provinciales, más de 120 obras se encuentran ralentizadas y otras 40 directamente detenidas por falta de transferencias nacionales que habían sido comprometidas en acuerdos bilaterales.

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El Gobierno nacional y un consorcio de empresas energéticas avanzan en la firma de un nuevo acuerdo de inversión para ampliar el parque de generación eólica en la Patagonia. El entendimiento, que se viene negociando desde hace varios meses, prevé la construcción y expansión de proyectos en distintas provincias de la región, con el objetivo de sumar capacidad renovable al sistema eléctrico y acompañar el crecimiento de la demanda industrial y residencial.

De acuerdo con fuentes oficiales, la hoja de ruta contempla una combinación de ampliaciones sobre parques ya existentes y el desarrollo de nuevos emprendimientos en zonas donde los estudios de viento muestran un alto potencial de generación. La apuesta es reforzar un corredor renovable que viene consolidándose en los últimos años y que permitió incorporar al sistema nacional una porción creciente de energía de fuentes eólicas y solares.

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Los últimos datos disponibles sobre el nivel de actividad en la Argentina muestran que varios de los sectores que habían ayudado a evitar una recesión técnica empiezan a perder impulso. Indicadores de la industria automotriz, el complejo agroexportador y ramas vinculadas a la producción metalúrgica reflejan un enfriamiento que contrasta con el avance de la intermediación financiera, lo que reaviva el debate sobre el equilibrio entre economía real y negocios financieros.

En septiembre, el estimador oficial de la actividad económica registró un avance respecto del mes anterior que permitió dejar atrás, por el momento, el riesgo de encadenar dos trimestres consecutivos de caída. Sin embargo, la información más reciente sugiere que parte de ese repunte respondió a factores puntuales y que, pasadas las elecciones y el ajuste monetario de los últimos meses, la dinámica se volvió más heterogénea entre sectores.

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China Eastern Airlines inauguró el primer vuelo comercial directo entre China y Argentina, uniendo Shanghái con Buenos Aires a través de una escala técnica en Auckland, y trazando un recorrido cercano a los 20.000 kilómetros. La nueva ruta, considerada la más extensa del mundo en términos de distancia intercontinental, marca un hito para la conectividad aérea del país y abre un corredor directo con una de las principales economías de Asia.

El vuelo, operado con aeronaves de fuselaje ancho de largo alcance, reduce en varias horas el tiempo total de viaje entre ambos países respecto de los trayectos tradicionales que exigían múltiples conexiones en Europa, Norteamérica o Medio Oriente. La operación incluye dos frecuencias semanales en cada sentido, con salidas desde Shanghái los lunes y jueves y regresos desde Buenos Aires los martes y viernes, lo que configura un esquema estable pensado tanto para turismo como para viajes de negocios.

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La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó un paro nacional del transporte público de pasajeros luego de que fracasaran las negociaciones salariales con las cámaras empresarias del sector. La medida, que afectará a los servicios de corta y media distancia en todo el país, fue definida tras una reunión que no logró acercar posiciones sobre el porcentaje de actualización salarial y los mecanismos de financiamiento para sostener los incrementos.

La organización gremial informó que la decisión se tomó ante lo que consideran una “falta de respuesta concreta” por parte de las empresas y del Estado para garantizar una recomposición acorde al aumento del costo de vida. De acuerdo con fuentes sindicales, los salarios del sector llevan varios meses de atraso respecto de la inflación y la negociación se había vuelto cada vez más tensa en las últimas semanas.

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Un espectáculo de danza en el tradicional teatro Gran Rivadavia, ubicado en el barrio porteño de Flores, terminó con escenas de tensión y descompensaciones entre el público luego de que se detectara un evidente sobrecupo en la sala. Según informaron medios locales, alrededor de una veintena de personas se desmayaron o presentaron síntomas de mareos y dificultad para respirar en medio de la función, lo que obligó a interrumpir el evento y a la intervención de los servicios de emergencia.

El episodio se produjo durante la tarde-noche de este fin de semana, en una función que había generado gran expectativa y en la que se congregaron cientos de espectadores. Testimonios de asistentes señalaron que desde el inicio de la velada la sala se percibía claramente colmada, con filas de butacas completas, gente parada en los pasillos y una sensación de calor sofocante. Con el correr de los minutos, el ambiente se volvió más pesado y comenzaron a observarse personas que pedían agua, se sentaban en el suelo o buscaban aire cerca de las salidas.

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La industria automotriz argentina registró un repunte en noviembre, de acuerdo con los últimos datos informados por terminales del sector. Las fábricas radicadas en el país incrementaron su nivel de producción respecto del mes anterior, impulsadas principalmente por un aumento de las exportaciones hacia mercados de América Latina y una recuperación moderada en la demanda interna después de varios meses de contracción.

Según fuentes vinculadas a la cadena automotriz, el crecimiento intermensual estuvo asociado a una mayor regularidad en la provisión de autopartes importadas, que había sido uno de los principales obstáculos para el ritmo de ensamble durante el segundo semestre. La mejora en la disponibilidad de insumos permitió retomar turnos que habían sido suspendidos y dio margen a las terminales para acelerar la entrega de unidades a la red comercial.

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El anuncio de un nuevo plan de endeudamiento en dólares por parte del Ministerio de Economía abrió un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y los mercados financieros. La decisión de avanzar con la colocación de un bono en moneda estadounidense, bajo ley local y con vencimiento a cuatro años, tuvo impacto inmediato en las cotizaciones cambiarias y en el clima de expectativas sobre la sostenibilidad del programa económico.

Según la información oficial, el instrumento buscará refinanciar parte de los vencimientos de deuda en moneda extranjera previstos para los próximos meses y, al mismo tiempo, reforzar el nivel de reservas en divisas. La tasa de interés, estructurada en torno a un cupón semestral moderado para los estándares argentinos, apunta a ofrecer un rendimiento atractivo para los inversores institucionales sin comprometer en exceso las cuentas públicas.

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El gobierno de Javier Milei se prepara para abrir un nuevo capítulo político con la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, en las que buscará tratar un paquete de proyectos considerados centrales para la segunda mitad de su mandato. Entre las iniciativas incluidas se destacan el Presupuesto 2026, una reforma laboral bajo el rótulo de “modernización”, cambios en el Código Penal y un conjunto de normas fiscales y ambientales que apuntan a ordenar las cuentas públicas y facilitar nuevas inversiones.

La decisión fue anticipada por la Jefatura de Gabinete, que detalló que el Poder Ejecutivo firmará el decreto para habilitar el período de sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. En ese lapso, los legisladores deberán abocarse al tratamiento de seis proyectos que la Casa Rosada considera de “vital importancia” para consolidar su programa económico y político. La convocatoria llega días después de que el oficialismo consolidara su condición de primera minoría en la Cámara de Diputados y ampliara su representación en el Senado, tras las elecciones legislativas de octubre.

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Un nuevo relevamiento de opinión pública a nivel nacional mostró que el presidente Javier Milei llega al final de su segundo año de mandato con una imagen positiva cercana a la mitad del electorado. El estudio confirma que, pese al clima económico y social exigente, el oficialismo sostiene un núcleo de respaldo relevante, mientras se mantiene una fuerte polarización entre quienes valoran positivamente el rumbo del Gobierno y quienes lo rechazan.

Según la encuesta, la evaluación sobre la figura presidencial se encuentra prácticamente dividida en partes iguales entre opiniones favorables y negativas. El porcentaje de imagen positiva ronda el 49 por ciento, mientras que la valoración negativa se ubica apenas por encima de ese nivel. La diferencia se inscribe dentro del margen de error del sondeo, lo que consolida un escenario de fuerte paridad en la percepción social, lejos tanto de un consenso amplio como de un rechazo abrumador.

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Una importante compañía del sector energético anunció una inversión inicial de más de 200 millones de dólares en las centrales Alicurá y Cerros Colorados, dos instalaciones estratégicas del sistema hidroeléctrico del Comahue. El desembolso, que forma parte de un paquete de recursos que podría superar los 400 millones de dólares en los próximos años, apunta a modernizar equipos, reforzar la seguridad operativa y mejorar la eficiencia en la generación de energía.

Las centrales se ubican en la cuenca del río Limay y en el sistema de embalses que articula parte de la región patagónica con el resto del país. Por su ubicación y capacidad instalada, cumplen un rol clave en el abastecimiento eléctrico y en la regulación del sistema interconectado nacional, especialmente en momentos de alta demanda. Con la nueva inversión, la empresa concesionaria se compromete a ejecutar un plan de obras que incluye la actualización de turbinas, generadores, sistemas de control y estructuras de contención.

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La figura de Carlos "Indio" Solari volvió a ocupar el centro de la escena pública durante un recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el estadio de La Plata. En medio del concierto, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota apareció en las pantallas gigantes a través de un video especialmente grabado, en el que interpretó varios clásicos de su repertorio. La presencia del músico, aun a distancia, desató una ovación inmediata y marcó uno de los momentos más emotivos de la noche.

El formato elegido, con Solari participando mediante imágenes proyectadas, consolidó una dinámica que el artista y la banda vienen explorando desde hace años, combinando la potencia del vivo con recursos audiovisuales que permiten su intervención sin estar físicamente sobre el escenario. Para un público que mantiene con él un vínculo generacional y afectivo muy fuerte, la reaparición tuvo el tono de un reencuentro esperado, con banderas, remeras y mensajes alusivos que se hicieron visibles a lo largo del estadio.

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El Gobierno nacional anticipó que en 2026 buscará incrementar la inversión pública por encima de la inflación, con el sistema ferroviario como uno de los principales destinos de recursos. La definición se conoció a partir de presentaciones internas del equipo económico ante gobernadores y legisladores, donde se detalló que el objetivo es consolidar un programa de obras que ya incluye compras de material rodante, renovación de vías y mejoras en estaciones clave del Área Metropolitana de Buenos Aires y de varios corredores del interior del país.

La apuesta por el ferrocarril se apoya en dos argumentos centrales: por un lado, la necesidad de fortalecer el transporte de pasajeros en grandes centros urbanos, donde la congestión y los costos energéticos presionan sobre el sistema de movilidad; por otro, la intención de mejorar la competitividad del transporte de cargas para la producción agroindustrial, minera y energética. Desde el Ministerio de Economía sostienen que una red ferroviaria más moderna y confiable puede reducir costos logísticos y aliviar la presión sobre las rutas nacionales.

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El mercado automotor cerró noviembre con una caída significativa en los patentamientos de autos 0 kilómetro en todo el país. La baja, que se observa tanto en la comparación interanual como frente a octubre, confirma el enfriamiento de un sector que venía funcionando como uno de los motores de la actividad económica, impulsado por planes de financiación agresivos y por la disponibilidad de divisas vinculadas a la liquidación de exportaciones del complejo agroindustrial.

De acuerdo con los últimos datos difundidos por las cámaras del sector, en noviembre se patentaron poco menos de 35.000 unidades, lo que implica un descenso de alrededor de 3,5 por ciento frente al mismo mes del año pasado y una corrección superior al 30 por ciento con relación a octubre, cuando se había verificado un pico de operaciones. El ajuste se explica por una combinación de factores: menor oferta de financiamiento, cambios en las expectativas de los compradores y el reacomodamiento de los flujos de dólares que habían alimentado el mercado en los meses previos.

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El equipo económico del Gobierno nacional analiza un cambio profundo en la regulación financiera que, de concretarse, permitiría por primera vez que los bancos ofrezcan a sus clientes operaciones en criptomonedas dentro del sistema formal. La discusión se da en un contexto de mayor apertura hacia los activos digitales y de búsqueda de nuevas herramientas para canalizar ahorro e inversión en pesos y en moneda extranjera a través de instrumentos regulados.

Hasta ahora, las entidades financieras estaban expresamente limitadas por normas del Banco Central que les impedían intermediar o facilitar transacciones con criptoactivos. Esa restricción favoreció el desarrollo de un ecosistema dominado por billeteras virtuales y plataformas especializadas, mientras los bancos quedaban al margen de un mercado que fue ganando volumen entre ahorristas minoristas y empresas que buscan diversificar su exposición cambiaria.

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El proyecto del Gobierno nacional para modificar la Ley de Glaciares abrió un frente de conflicto que ya desbordó el debate técnico y se instaló en el centro de la agenda política y ambiental. Organizaciones socioambientales, científicos, gremios y referentes de las provincias cordilleranas advierten que la iniciativa podría reducir la protección efectiva sobre áreas de alta montaña y habilitar una expansión acelerada de la minería metalífera en zonas hasta ahora vedadas por la normativa vigente.

El eje de la controversia se concentra en los cambios propuestos sobre la definición de ambiente periglaciar y en los criterios para delimitar qué cuerpos de hielo quedarán alcanzados por la protección legal. Especialistas en criología y cambio climático señalan que la nueva redacción recorta el alcance territorial de la ley, al priorizar únicamente glaciares de mayor volumen y continuidad, dejando fuera formaciones más pequeñas que cumplen un rol clave como reservas estratégicas de agua en cuencas áridas y semiáridas de la cordillera.

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El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de reforma integral del Código Penal que promete convertirse en una de las iniciativas más discutidas de la agenda legislativa. El texto propone un endurecimiento generalizado de las penas para los delitos más graves, amplía el listado de conductas imprescriptibles e incorpora figuras vinculadas al cibercrimen, la corrupción y la violencia de género, entre otros ejes sensibles para la opinión pública.

La propuesta busca reemplazar un Código Penal con más de un siglo de vigencia y numerosas reformas parciales, lo que produjo un cuerpo normativo fragmentado y difícil de interpretar. El Ministerio de Justicia sostiene que la unificación y actualización de la normativa permitirán dotar de mayor previsibilidad al sistema penal, establecer escalas de penas más claras y reducir los márgenes de discrecionalidad que hoy existen en la etapa de ejecución de condenas.

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El Gobierno nacional dio a conocer los lineamientos del Plan Nacional de Inversión Pública 2026 y anticipó un cambio de prioridades en la asignación de recursos para obra pública. De acuerdo con el documento técnico que acompaña al proyecto de Presupuesto, el gasto previsto en infraestructura crecería por encima de la inflación estimada para el próximo año y colocaría al sistema ferroviario en el centro de la estrategia oficial.

Según las proyecciones oficiales, el conjunto de la inversión pública presupuestada para 2026 rondaría los 3,7 billones de pesos, lo que implicaría un incremento cercano al 50 % respecto de las partidas calculadas para 2025. Ese aumento se ubicaría por encima tanto de la inflación del 10,1 % que el propio Gobierno plantea en sus escenarios como de las expectativas del mercado relevadas por el Banco Central, que proyectan una suba de precios algo mayor.

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El puerto rionegrino de San Antonio Este concretó una operación calificada como histórica para la industria energética argentina: la descarga de 10.000 toneladas de caños de acero destinados al primer gasoducto que alimentará un buque de gas natural licuado (GNL) en el país. Se trata del primer embarque crítico de tuberías para el proyecto de GNL que impulsa Southern Energy, concebido para exportar gas desde la Cuenca Neuquina hacia los mercados internacionales a través de una unidad flotante de licuefacción fondeada frente a la costa patagónica.

El carguero Billion Star arribó al muelle con 2.209 caños de distintos diámetros, según el detalle oficial del operativo. Las piezas, fabricadas con especificaciones técnicas aptas para soportar alta presión y condiciones ambientales severas, conforman el tramo que vinculará el sistema gasífero nacional con la infraestructura marítima del proyecto. La descarga, supervisada por autoridades provinciales y municipales, se realizó de manera continua durante varias jornadas, en coordinación con la terminal portuaria y las empresas logísticas involucradas.

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El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto conocido como ley de Inocencia Fiscal, que busca modificar el régimen penal tributario y ofrecer un paraguas legal a quienes tienen ahorros en efectivo fuera del sistema financiero. La iniciativa combina cambios en los umbrales de punibilidad para la evasión impositiva con ajustes en los plazos de prescripción y en los criterios de persecución penal, en el marco de una estrategia más amplia para intentar atraer dólares al circuito formal.

El eje central del proyecto es la elevación del piso a partir del cual una evasión pasa a ser delito penal. El texto propone subir de manera significativa el umbral de la evasión simple, que hoy alcanza montos mucho más bajos, a una cifra que ronda los 100 millones de pesos. Por debajo de ese nivel, las conductas quedarán alcanzadas por sanciones de tipo administrativo, lo que en los hechos reduce el universo de contribuyentes expuestos a procesos penales por incumplimientos fiscales.

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El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto conocido como ley de Inocencia Fiscal, que busca modificar el régimen penal tributario y ofrecer un paraguas legal a quienes tienen ahorros en efectivo fuera del sistema financiero. La iniciativa combina cambios en los umbrales de punibilidad para la evasión impositiva con ajustes en los plazos de prescripción y en los criterios de persecución penal, en el marco de una estrategia más amplia para intentar atraer dólares al circuito formal.

El eje central del proyecto es la elevación del piso a partir del cual una evasión pasa a ser delito penal. El texto propone subir de manera significativa el umbral de la evasión simple, que hoy alcanza montos mucho más bajos, a una cifra que ronda los 100 millones de pesos. Por debajo de ese nivel, las conductas quedarán alcanzadas por sanciones de tipo administrativo, lo que en los hechos reduce el universo de contribuyentes expuestos a procesos penales por incumplimientos fiscales.

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El Gobierno nacional intimó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a suspender de inmediato toda difusión de la denominada Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (UNAFA), al advertir que la iniciativa no cuenta con reconocimiento oficial como institución universitaria en el país. La medida fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, a través del área responsable de las políticas universitarias, que reclamó a la entidad deportiva un descargo en un plazo de pocos días hábiles.

De acuerdo con la información oficial, la AFA venía promocionando carreras de grado y posgrado vinculadas al mundo del deporte, la gestión institucional y otras disciplinas afines, tanto en medios de comunicación como en redes sociales y en un sitio web específico. La presentación pública de la UNAFA la ubicaba como una opción educativa asociada a la marca del fútbol argentino, con una oferta de formación orientada a dirigentes, entrenadores, árbitros, profesionales de la industria y jóvenes interesados en la gestión deportiva.

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El Gobierno nacional intimó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a suspender de inmediato toda difusión de la denominada Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (UNAFA), al advertir que la iniciativa no cuenta con reconocimiento oficial como institución universitaria en el país. La medida fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, a través del área responsable de las políticas universitarias, que reclamó a la entidad deportiva un descargo en un plazo de pocos días hábiles.

De acuerdo con la información oficial, la AFA venía promocionando carreras de grado y posgrado vinculadas al mundo del deporte, la gestión institucional y otras disciplinas afines, tanto en medios de comunicación como en redes sociales y en un sitio web específico. La presentación pública de la UNAFA la ubicaba como una opción educativa asociada a la marca del fútbol argentino, con una oferta de formación orientada a dirigentes, entrenadores, árbitros, profesionales de la industria y jóvenes interesados en la gestión deportiva.

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El Gobierno nacional evalúa avanzar con la eliminación del impuesto interno que hoy recae sobre los autos de alta gama y que encarece una parte del parque automotor cero kilómetro. La medida se analiza como parte de un paquete tributario más amplio que el Poder Ejecutivo buscaría incluir dentro del temario de sesiones extraordinarias del Congreso, con el objetivo de enviar una señal a la industria automotriz y al mercado de consumo de bienes durables.

De acuerdo con fuentes del sector consultadas por medios especializados, la idea oficial es derogar el esquema vigente para los vehículos que superan ciertos valores de referencia, lo que en la práctica significaría una reducción importante de los precios finales en dólares de esas unidades. Los cálculos preliminares que circulan entre concesionarias y terminales indican que, en algunos modelos, el impacto podría ubicarse en un recorte de varios miles de dólares sobre el valor actual de lista, modificando por completo la estructura de la oferta en el segmento premium.

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La imagen de Lionel Scaloni levantando la Copa del Mundo volvió a recorrer el planeta, pero esta vez en un contexto inesperado. Tras la controversia que se generó durante el sorteo del Mundial 2026, cuando se le pidió usar guantes para tocar el trofeo, el entrenador de la selección argentina recibió una disculpa pública por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El episodio se produjo durante el sorteo del calendario del próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En ese escenario, Scaloni fue invitado a participar de la ceremonia junto al trofeo, pero el protocolo aplicado por la organización indicaba que, salvo los campeones del mundo, todas las personas debían utilizar guantes especiales para manipular la Copa.

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La nueva revisión paritaria de Empleados de Comercio confirmó un esquema de sumas fijas que totaliza $100.000 en concepto de adicionales no remunerativos entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. El entendimiento fue sellado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las principales cámaras empresarias del sector, en un contexto de inflación todavía elevada y presión sobre los salarios formales.

El corazón del acuerdo consiste en una suma fija no remunerativa de $60.000 mensuales que se abonará durante cuatro meses consecutivos: diciembre, enero, febrero y marzo. Ese monto se suma a los $40.000 también no remunerativos que los trabajadores del gremio ya venían percibiendo desde mediados de año, y que mantendrán su vigencia bajo las mismas condiciones. De este modo, el paquete total de ingresos adicionales asciende a $100.000 por mes para los empleados comprendidos en el convenio colectivo de comercio, hasta el cierre del primer trimestre de 2026.

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La tensión salarial en el sector público y de empresas estatales sumó un nuevo capítulo con la declaración de emergencia salarial por parte de la Asociación de Empleados de Casinos. El gremio que representa a las y los trabajadores de casinos bonaerenses decidió formalizar esa medida tras evaluar el deterioro de los ingresos, el impacto de la inflación y la falta de respuestas concretas del gobierno provincial a una serie de reclamos que se arrastran desde hace meses.

Según explicó la conducción sindical, la combinación de paritarias incumplidas, pérdida de poder adquisitivo y aumento del costo de vida llevó a muchas familias del sector a recurrir al pluriempleo para sostener sus gastos básicos. En ese contexto, la declaración de emergencia salarial busca enviar una señal política fuerte a las autoridades provinciales y abrir una instancia de negociación que permita recomponer los sueldos y ordenar la situación laboral en la actividad.

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El Gobierno nacional trabaja en un cronograma de compras de reservas por parte del Banco Central con el objetivo de cumplir los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y dar una señal de previsibilidad al mercado cambiario. La idea es establecer una pauta de acumulación de divisas clara y acotada, que evite sobresaltos en la cotización de los dólares financieros y que al mismo tiempo permita reforzar el colchón de reservas en la antesala de un calendario de vencimientos exigente.

Según dejaron trascender fuentes oficiales y del sector financiero, el esquema en estudio apunta a fijar montos y frecuencias de intervención preanunciadas en el mercado, de manera tal que los operadores conozcan de antemano el ritmo al que el Banco Central buscará recomprar divisas. La discusión incluye variables como el nivel de reservas netas, la estacionalidad de la oferta de dólares comerciales y los límites que el propio acuerdo con el FMI impone sobre la intervención cambiaria.

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Una nueva ola de cierres de plantas y despidos en la industria manufacturera volvió a encender las alarmas en el entramado productivo argentino. Fábricas de sectores como autopartes, textiles, calzado, línea blanca y metalmecánica anunciaron en los últimos días suspensiones, recortes de turnos y, en los casos más críticos, el cese total de operaciones en distintas provincias del país.

La situación se explica por una combinación de factores: la caída del consumo interno tras varios meses de pérdida del poder adquisitivo, el aumento de costos asociados a tarifas, alquileres e insumos importados, y las dificultades de financiamiento en un contexto de tasas elevadas y acceso restringido al crédito. En ese escenario, muchas empresas pequeñas y medianas llegaron al límite de su margen de maniobra y comenzaron a ajustar su plantilla de personal.

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La provincia de Santa Fe atraviesa una nueva tensión en el frente educativo tras el paro provincial iniciado por los gremios docentes, que reclaman una actualización salarial acorde a la inflación acumulada del año y la recomposición de partidas para el funcionamiento escolar. La medida afecta tanto a las escuelas públicas como a los establecimientos privados con subvención estatal, y mantiene sin clases a miles de estudiantes del nivel inicial, primario y secundario.

La convocatoria al paro fue resuelta por la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) y por el sindicato SADOP, que nuclea a los docentes de escuelas privadas. Según informaron las autoridades gremiales, la decisión se tomó luego de la última reunión paritaria, en la que no se alcanzó un punto de consenso sobre el incremento salarial propuesto por el Gobierno provincial.

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El Gobierno de Corrientes y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) inauguraron la primera etapa de la central fotovoltaica instalada en el campus Deodoro Roca, en la ciudad de Corrientes. El proyecto, financiado con una inversión provincial cercana a los USD 500.000, apunta a reducir de manera progresiva el consumo de energía eléctrica convencional de la universidad y a sumar generación limpia a la red local.

Durante el acto, encabezado por el gobernador Gustavo Valdés junto a autoridades de la UNNE, se puso en funcionamiento el primer bloque de paneles solares que integran la central. De acuerdo con los responsables técnicos de la obra, esta etapa permitirá cubrir una parte significativa de la demanda energética de los edificios académicos y administrativos del campus, al tiempo que servirá como plataforma para ampliar la capacidad instalada en las siguientes fases del plan.

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El Gobierno nacional se prepara para concretar la primera emisión de deuda en dólares en casi ocho años, mediante un bono con vencimiento en 2029 bajo legislación local. La operación, que fue confirmada por fuentes oficiales y del mercado financiero, se presenta como un ensayo clave para medir el apetito de los inversores y allanar el camino hacia futuras colocaciones en los mercados internacionales de capital.

El nuevo título ofrecerá un cupón de interés que el equipo económico diseñó para resultar suficientemente atractivo en el contexto actual, marcado por un riesgo país todavía elevado y por la necesidad de reconstruir la confianza tras años de restricciones cambiarias y reestructuraciones. Los fondos obtenidos se destinarán principalmente a refinanciar vencimientos de bonos en dólares ya emitidos, con el objetivo de aliviar la presión concentrada en los primeros meses de 2026 y mejorar el perfil de la deuda pública.

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Funcionarios y docentes de instituciones francesas especializadas en formación agrícola visitaron esta semana la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en Corrientes, para avanzar en una agenda de cooperación orientada a mejorar las capacidades técnicas de productores, estudiantes y equipos académicos de la región. La delegación mantuvo reuniones con autoridades universitarias, recorrió campos experimentales y analizó posibles líneas de trabajo conjunto con foco en innovación y desarrollo territorial.

El encuentro se inscribe en un proceso más amplio de internacionalización de la educación superior argentina, en el que las facultades de Ciencias Agrarias y las escuelas técnicas rurales buscan vincularse con centros de referencia de otros países. En este caso, los representantes franceses pusieron sobre la mesa su experiencia en manejo de recursos naturales, agroecología, modernización de cadenas productivas y formación dual que combina aulas y prácticas en establecimientos agropecuarios.

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El Gobierno nacional y los representantes de todas las provincias alcanzaron este domingo un acuerdo clave para relanzar el sistema federal de subsidios al transporte urbano de pasajeros. Tras semanas de discusiones técnicas y tensiones políticas por los costos crecientes del servicio, el nuevo esquema establece fondos garantizados para 2026, un mecanismo de actualización trimestral y mayores exigencias de transparencia para las empresas prestatarias.

El entendimiento incluye la creación de un “Fondo Federal de Movilidad Urbana” que reemplazará al sistema actual y que distribuirá recursos de manera automática entre las jurisdicciones según parámetros de demanda real, kilómetros recorridos y población cubierta. De esta manera, el Gobierno busca reducir las distorsiones históricas entre regiones, que provocaban fuertes diferencias tarifarias entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el interior del país.

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El Gobierno nacional decidió acelerar su proyecto de reforma laboral y ya definió la estrategia legislativa para intentar avanzar en las próximas sesiones extraordinarias del Congreso. La iniciativa, presentada como una pieza clave del programa económico oficial, apunta a modificar distintos aspectos de las relaciones de trabajo en el país y se perfila como uno de los debates más tensos de la agenda política de fin de año, con apoyos condicionados de bloques aliados y un rechazo abierto de los sectores opositores más duros.

En la Casa Rosada consideran que el clima parlamentario es más favorable que en intentos anteriores, pero admiten que será necesario un fino trabajo de negociación con gobernadores y partidos provinciales. La coalición oficialista no cuenta por sí sola con los votos para aprobar una reforma de esta magnitud y deberá construir mayorías tema por tema. En los despachos legislativos ya circulan borradores con diferentes opciones de redacción, lo que refleja el intento del Ejecutivo de ajustar el texto final a las demandas de los potenciales aliados.

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La Fuerza Aérea Argentina incorporó formalmente sus primeros seis cazas F-16 de origen estadounidense, en el marco de un programa de modernización que el Gobierno presenta como la principal inversión militar de las últimas décadas. Las aeronaves, adquiridas a Dinamarca bajo un esquema de financiamiento plurianual, realizaron un sobrevuelo sobre la Ciudad de Buenos Aires y luego participaron de una ceremonia de recepción en una base militar del centro del país.

El arribo de los F-16 marca el inicio de la etapa operativa de un acuerdo que prevé completar un total de veinticuatro unidades en los próximos años. Según detallaron fuentes oficiales, la primera tanda de seis aviones será seguida por entregas anuales hasta 2028, con el objetivo de conformar el núcleo del sistema de defensa aérea nacional y recuperar capacidades de interceptación y control del espacio que se habían visto reducidas tras el retiro de los antiguos aviones supersónicos.

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La detención del principal sospechoso por el abuso sexual de una mujer de 75 años en la ciudad de Córdoba cerró, al menos en términos policiales, dos días de intensa búsqueda y conmoción vecinal. El hombre fue localizado en la vía pública, en inmediaciones de la avenida General Álvarez de Arenales, en barrio Juniors, luego de que un vecino lo reconociera por una fotografía que se había difundido en redes sociales tras la denuncia de la víctima.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el ataque ocurrió el jueves por la mañana en un departamento de barrio General Paz, una zona densamente poblada y de intenso movimiento comercial. La víctima se encontraba sola cuando fue sorprendida dentro de su vivienda. Los gritos de auxilio alertaron a otros residentes del edificio, que de inmediato se comunicaron con los servicios de emergencia y permitieron el despliegue de las primeras patrullas policiales en el lugar.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha durante esta semana un nuevo sistema digital de turnos que busca reducir tiempos de espera, ordenar la demanda de trámites y mejorar la atención en todas sus oficinas del país. La plataforma comenzó a operar de manera progresiva y se espera que reemplace completamente al sistema anterior dentro de los próximos diez días.

El organismo informó que la actualización responde a una necesidad detectada en los últimos meses: un crecimiento sostenido de solicitudes de turnos para gestiones vinculadas a jubilaciones, asignaciones, certificados previsionales, trámites de discapacidad y vínculos laborales. En varios centros urbanos, las oficinas registraban demoras que superaban las dos semanas, lo que llevó a priorizar el rediseño del sistema informático.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta mañana un alerta por tormentas severas que abarca amplias zonas de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, anticipando un escenario de inestabilidad marcada durante toda la jornada. El aviso incluye la posibilidad de lluvias intensas en cortos periodos, ráfagas superiores a los 90 km/h, fuerte actividad eléctrica y caída de granizo, lo que llevó a organismos provinciales de emergencia a activar protocolos preventivos.

Según el reporte oficial del organismo, un sistema convectivo de amplia extensión avanza desde el noroeste del país con núcleos de alta severidad que podrían intensificarse a medida que se desplacen hacia el este. Las primeras precipitaciones fuertes comenzaron a registrarse durante la madrugada en sectores del centro de Chaco y el norte de Corrientes, donde ya se reportaron anegamientos temporarios en calles de zonas bajas.

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El Ministerio de Salud firmó un convenio con universidades públicas y privadas para que las facultades de medicina puedan entregar la matrícula profesional al mismo tiempo que el título de grado. El acuerdo apunta a simplificar los trámites administrativos y acortar los tiempos de inserción de los nuevos médicos en el sistema sanitario, en un contexto de alta demanda de profesionales en distintas regiones del país.

Hasta ahora, la mayoría de los egresados debía transitar un circuito adicional ante los colegios profesionales o las carteras sanitarias jurisdiccionales para obtener la matrícula que les permite ejercer. Ese proceso solía requerir la presentación de documentación en varias dependencias, demoras en la validación de antecedentes y plazos que, en algunos casos, se extendían por varios meses antes de que el profesional pudiera incorporarse plenamente a la práctica asistencial.

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En las últimas horas, el Gobierno presentó un nuevo programa federal destinado a modernizar hospitales y centros de salud en distintas provincias del país. La iniciativa surge tras una serie de relevamientos técnicos que detectaron déficit de equipamiento crítico, necesidad de ampliar áreas de atención y carencias estructurales que afectan la capacidad operativa de los servicios públicos.

El programa contempla la incorporación de equipamiento de alta complejidad, incluyendo sistemas de diagnóstico por imagen, unidades de terapia intensiva, nuevos laboratorios y tecnología para emergencias. También prevé obras de infraestructura orientadas a ampliar guardias, mejorar la red eléctrica interna, fortalecer sistemas de climatización hospitalaria y adaptar espacios para la atención de mayor demanda en períodos de alta circulación de enfermedades respiratorias.

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Inteligencia Nacional que redefine, por primera vez en más de dos décadas, los lineamientos estratégicos que orientarán el trabajo del sistema de inteligencia del Estado. La medida quedó formalizada a través del Decreto 864/2025, que fija diez ejes de acción prioritarios y actualiza el marco doctrinario en torno a las amenazas y desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad estratégica.

El documento establece que la inteligencia nacional deberá concentrarse en la prevención y el abordaje de riesgos complejos, con especial foco en el crimen organizado transnacional, el terrorismo, la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas. También incorpora entre sus prioridades la defensa de los recursos naturales estratégicos y de los intereses soberanos, incluyendo las reivindicaciones vinculadas al Atlántico Sur.

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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que estudia un proyecto para construir un monorriel elevado sobre la avenida General Paz, con el objetivo de aliviar uno de los corredores viales más congestionados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La iniciativa se enmarca en la búsqueda de nuevas soluciones de transporte masivo en una región donde las demoras ya no se concentran sólo en las horas pico, sino que se extienden a buena parte del día.

La General Paz, que marca el límite entre la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, concentra a diario un flujo de cientos de miles de vehículos que utilizan esta traza para entrar o salir de la ciudad. La propuesta en análisis plantea aprovechar esa infraestructura existente para sumar, por encima de la autopista, un corredor exclusivo para transporte público de alta capacidad, sin reducir la cantidad de carriles actualmente disponibles para autos particulares y camiones.

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La industria automotriz argentina cerró noviembre con un crecimiento del 12% en la producción respecto del mes anterior, según datos preliminares relevados por fuentes del sector. El incremento representa uno de los mejores desempeños del año y marca un punto de recuperación luego de varios meses condicionados por restricciones en el abastecimiento de insumos y una demanda interna moderada.

De acuerdo con los datos informados por terminales radicadas en el país, el repunte se explicó principalmente por la normalización en la provisión de autopartes importadas y por una mejora en los pedidos provenientes de mercados de la región, en particular Brasil. La estabilización de los flujos logísticos permitió acelerar los ritmos de ensamblado en plantas que venían operando por debajo de su capacidad instalada.

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La Corte Suprema de Justicia dictó en las últimas horas un fallo considerado histórico para la política ambiental argentina: ordenó al Estado nacional y a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe ejecutar medidas concretas para frenar las quemas en el Delta del río Paraná y diseñar, en forma conjunta, un plan integral de restauración y prevención. La decisión llega tras años de incendios reiterados en la región, con impactos severos sobre los humedales, la biodiversidad y la calidad del aire en numerosas localidades ribereñas.

El máximo tribunal dispuso la responsabilidad compartida de los distintos niveles de gobierno, al considerar que los incendios en el Delta no son un fenómeno aislado ni estrictamente local, sino el resultado de prácticas sostenidas, falta de control y ausencia de coordinación eficaz entre jurisdicciones. En ese marco, la Corte ordenó la elaboración de un programa con plazos, metas verificables y mecanismos de monitoreo permanente, que deberá ser presentado y ejecutado por Nación y provincias de manera articulada.

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El Gobierno nacional formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso con el objetivo de tratar el Presupuesto 2026 y un amplio paquete de reformas que el Poder Ejecutivo considera centrales para la próxima etapa de su programa económico y político. La decisión, que se plasmó en un decreto publicado en el Boletín Oficial, abre un período de intensa actividad legislativa en pleno cierre del año parlamentario.

La hoja de ruta incluye como pieza principal al Presupuesto 2026, que el oficialismo busca aprobar antes de fin de año para enviar una señal de previsibilidad fiscal. El proyecto detalla las metas de resultado primario, el esquema de reducción del gasto, las proyecciones de recaudación y las prioridades de inversión en áreas sensibles como energía, infraestructura y políticas sociales focalizadas.

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Los sindicatos que representan al personal aeronáutico anunciaron en las últimas horas un paro nacional de 48 horas luego de que se rompieran las negociaciones salariales con las principales compañías del sector. La medida, comunicada tras un plenario de delegados, impactará de manera directa en vuelos de cabotaje e internacionales, así como en las operaciones terrestres de los principales aeropuertos del país.

Según fuentes gremiales, el conflicto se intensificó tras la última reunión paritaria, en la que las partes no lograron acordar una recomposición acorde a la inflación acumulada y a las nuevas pautas de productividad que las empresas buscan implementar. La falta de avances motivó el llamado al paro, que será acompañado por movilizaciones y asambleas informativas en distintos aeropuertos.

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La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa vinculada a la tragedia ferroviaria de Once, luego de rechazar el último planteo presentado por su defensa. Con esta decisión, el máximo tribunal cerró de manera definitiva la discusión sobre la responsabilidad penal del exfuncionario y habilitó la etapa de ejecución plena de la pena.

El fallo desestimó un recurso de reposición interpuesto por los abogados de De Vido, que buscaban revertir la resolución anterior del propio tribunal. En aquella oportunidad, la Corte ya había considerado inadmisibles las impugnaciones tanto de la defensa como de la fiscalía y había ratificado la condena a cuatro años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos.

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Empleados de supermercados de todo el país percibirán en los próximos días un bono extraordinario de fin de año de $170.000, luego de que las cámaras empresarias del sector y los gremios que representan a los trabajadores acordaran un pago adicional para compensar, al menos en parte, el impacto de la inflación sobre los salarios. La medida se suma a los incrementos pactados en paritarias y busca ofrecer alivio en un mes de fuerte presión sobre el consumo familiar.

El bono alcanzará a personal de establecimientos de gran superficie y cadenas de supermercados con presencia nacional, e incluirá tanto a trabajadores de salón como de cajas, depósitos y tareas administrativas. Según precisaron fuentes del sector, el pago se instrumentará en una sola cuota antes de las fiestas, con el objetivo de reforzar el ingreso disponible de los hogares en la etapa de mayor gasto del año.

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El sistema financiero argentino sumó un movimiento relevante en las últimas horas: el Banco Central anunció una reducción específica de encajes bancarios destinada a liberar fondos para la colocación de nuevos créditos productivos para pequeñas y medianas empresas. La decisión, comunicada a través de una actualización normativa enviada a las entidades financieras, busca ampliar la oferta crediticia en un momento en el que muchas compañías enfrentan dificultades para financiar capital de trabajo y sostener niveles de actividad.

La medida se aplicará sobre una porción de los depósitos en pesos que los bancos actualmente mantienen inmovilizados como reserva obligatoria. Con la nueva disposición, una parte de esos fondos podrá destinarse exclusivamente a líneas de financiamiento pyme con tasas reguladas y condiciones de acceso simplificadas. Técnicos del organismo explicaron que el objetivo inmediato es mejorar la liquidez disponible para la producción y acelerar la circulación de crédito en sectores con alto impacto en empleo y recuperación económica.

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La Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires reclamó en las últimas horas la reapertura urgente de la paritaria estatal, luego de que la Legislatura aprobara el endeudamiento solicitado por el gobierno provincial. La organización sindical considera que el aval legislativo al nuevo esquema de financiamiento despeja una de las principales condiciones que el propio Ejecutivo había planteado para retomar la discusión salarial hacia el cierre del año.

El planteo se formalizó a través de una nota presentada ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, en la que el gremio pidió reactivar la mesa de negociación colectiva de la administración pública. El objetivo es actualizar los haberes correspondientes al período 2025 y evitar que los salarios queden aún más rezagados frente a una inflación que continúa impactando con fuerza sobre el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

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En las últimas horas, el equipo económico confirmó que mantiene negociaciones con un grupo de bancos internacionales para acceder a un préstamo sindicado de hasta 7.000 millones de dólares. El objetivo central de la operación es reforzar el nivel de reservas del Banco Central y asegurar el pago de vencimientos de deuda concentrados en los primeros meses del año próximo, sin recurrir de manera directa a las tenencias de divisas del organismo monetario.

De acuerdo con fuentes oficiales, las conversaciones avanzan sobre un rango que va de 6.000 a 7.000 millones de dólares, aunque el monto final dependerá de las condiciones financieras que ofrezcan las entidades y de la evaluación interna sobre el costo y la conveniencia de tomar el total del paquete. La prioridad, explican en el Palacio de Hacienda, es evitar que los pagos de capital e intereses previstos para enero y febrero impliquen una caída abrupta de reservas, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la estabilidad cambiaria.

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En las últimas horas, el sector energético argentino sumó un nuevo capítulo relevante: el Gobierno abrió una licitación destinada a incorporar más capacidad renovable al sistema eléctrico nacional. La medida se presentó como parte de una estrategia para reforzar la seguridad energética, disminuir la dependencia de combustibles fósiles importados y reducir los costos operativos de generación, un punto que los técnicos del área consideran clave para aliviar las presiones sobre tarifas y subsidios.

Según fuentes oficiales, la convocatoria incluye proyectos eólicos y solares distribuidos en distintas regiones del país, con especial énfasis en aquellas zonas donde la capacidad de transporte ya permite inyectar energía sin necesidad de grandes obras complementarias. La apuesta por diversificar la geografía responde a un diagnóstico técnico: el crecimiento de la demanda y la variabilidad climática exigen una matriz más flexible, con múltiples nodos de generación.

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El anuncio del nuevo bono en dólares a 2029 marcó el regreso formal de la Argentina a los mercados internacionales de deuda después de siete años de virtual aislamiento financiero. La decisión, encabezada por el Ministerio de Economía, busca reforzar las reservas, ordenar el perfil de vencimientos de corto plazo y enviar una señal de normalización a los inversores que siguen con atención la evolución del programa económico.

El instrumento, que se colocará bajo legislación local pero denominado en dólares, ofrecerá un cupón en torno al 6,5 % anual y tendrá vencimiento en 2029, según adelantaron fuentes oficiales. La estrategia apunta a captar divisas en el mercado doméstico e internacional sin recurrir a financiamiento de organismos multilaterales, en un contexto en el que el Gobierno necesita cubrir compromisos por varios miles de millones de dólares a comienzos del próximo año.

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En una decisión que apunta a fortalecer la conectividad federal del país, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) autorizó este sábado la apertura de una nueva ruta aérea low-cost que unirá a las ciudades de Córdoba y Salta. La resolución fue comunicada a través del organismo regulador tras completarse las evaluaciones técnicas y operativas correspondientes.

La empresa solicitante, que ya opera vuelos domésticos en el país, presentó un plan de servicio que incluye frecuencias diarias y tarifas competitivas orientadas a captar tanto a turistas como a pasajeros corporativos. Según fuentes del sector, la incorporación de esta ruta forma parte de una estrategia más amplia para ampliar la red de vuelos regionales sin pasar por Buenos Aires.

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La cadena láctea argentina atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años, marcada por una fuerte caída del consumo interno, aumentos de costos productivos y el cierre progresivo de tambos en distintas provincias. Industriales y productores advierten que la situación se vuelve cada vez más delicada y que, sin medidas de sostén, podría impactar de manera estructural en la oferta de leche disponible para el mercado local.

De acuerdo con datos recientes relevados por cámaras del sector, el consumo de leche fluida y derivados cayó entre un 12% y un 18% en lo que va del año. La merma se explica por la pérdida del poder adquisitivo de los hogares, que derivó en una sustitución hacia productos más económicos o en la reducción directa del volumen comprado. Las ventas de quesos blandos y yogures también muestran retrocesos significativos, en línea con la contracción del gasto en alimentos procesados.

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El Gobierno nacional anunció una actualización del cuadro tarifario del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye incrementos en los valores de colectivos, trenes y en el esquema de beneficios para titulares de la SUBE social. La medida fue confirmada por el Ministerio de Transporte tras una reunión con representantes de las empresas prestatarias y funcionarios de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Según explicaron las autoridades, la actualización responde a la necesidad de adecuar los costos operativos del sistema, que en los últimos meses registró incrementos vinculados al precio del combustible, los insumos importados y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. La decisión se enmarca, además, en el esquema de recomposición gradual de subsidios que el Gobierno nacional y las jurisdicciones vienen negociando desde principios de año.

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El Gobierno nacional puso en circulación los pliegos de la nueva licitación para la concesión de la principal vía navegable del país, conocida como Hidrovía, y confirmó un paquete de obras de profundización y modernización tecnológica a lo largo del corredor fluvial por donde se transporta la mayor parte del comercio exterior argentino. La publicación de los documentos técnicos abre formalmente una etapa clave para definir quién se hará cargo del mantenimiento, balizamiento y dragado del sistema en los próximos años.

La nueva licitación apunta a ordenar un esquema de gestión que venía funcionando con contratos transitorios y extensiones sucesivas, mientras se discutía el alcance del futuro modelo de administración. Los pliegos detallan las exigencias de inversión, los estándares de servicio y las condiciones económicas que deberán asumir las empresas o consorcios interesados en competir por la concesión, que incluye la tarea de garantizar calados adecuados, señalización segura y monitoreo permanente del tráfico en uno de los corredores más transitados de la región.

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El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de un nuevo plan de control y trazabilidad para insumos médicos esenciales, tras detectar aumentos de precios por encima de lo previsto y tensiones en la provisión a hospitales públicos y clínicas privadas. La medida busca frenar prácticas especulativas, ordenar el circuito de compras y garantizar disponibilidad en un contexto de alta demanda en distintos centros de salud del país.

Según informó el Ministerio de Salud, el programa se centrará inicialmente en insumos considerados críticos: jeringas, guantes descartables, soluciones fisiológicas, hemoderivados, medicamentos de uso hospitalario y materiales de cirugía. La decisión se tomó luego de que varias provincias alertaran por subas generalizadas de entre 20% y 40% en pocas semanas, lo que complicó la planificación de compras y el funcionamiento regular de guardias y quirófanos.

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El Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con laboratorios, operadores logísticos y empresas distribuidoras para acelerar la importación de medicamentos oncológicos ante riesgos de faltantes detectados en hospitales públicos y privados durante las últimas semanas. La medida responde a una serie de alertas emitidas por servicios de oncología de distintas provincias, que informaron demoras en la provisión de drogas de alta complejidad utilizadas en tratamientos continuos.

Según confirmaron fuentes oficiales, el acuerdo habilita un mecanismo de “vía rápida” para autorizar ingresos prioritarios de insumos críticos, particularmente aquellos que no cuentan con reemplazos inmediatos. Se estableció un cronograma de despacho de urgencia y una reducción transitoria de plazos administrativos para garantizar que los tratamientos en curso no sufran interrupciones.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional de 24 horas y una movilización al Congreso de la Nación para el próximo 9 de diciembre, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y al plan oficial de recortar la planta de trabajadores estatales. La jornada de protesta se inscribe en un clima de creciente tensión entre los gremios del sector público y la administración nacional, que ya avanzó con miles de desvinculaciones y prepara una nueva etapa de ajustes sobre organismos clave del Estado.

La medida fue definida por la conducción nacional de ATE como una “jornada de lucha” que combinará la paralización de actividades en distintas áreas de la administración pública con una marcha masiva hacia el Congreso. El objetivo del sindicato es hacer visible el rechazo a los cambios propuestos en la legislación laboral, que según advierten dirigentes gremiales, facilitan los despidos, abaratan las indemnizaciones y limitan la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores.

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El Gobierno nacional anunció el regreso de la Argentina al mercado internacional de deuda, a través de la emisión de un nuevo bono en dólares con vencimiento en 2029. La colocación marca el fin de un período de más de siete años sin emisiones de este tipo y se presenta como una pieza clave dentro de la estrategia oficial para ordenar el perfil de vencimientos en moneda extranjera sin recurrir a las reservas del Banco Central.

Según informaron las autoridades económicas, el título será un bono en dólares bajo legislación local, con un plazo de cuatro años y un cupón anual del 6,5%. La licitación está prevista para los próximos días y tendrá como objetivo principal captar divisas frescas del mercado para refinanciar parte de los fuertes compromisos que el Tesoro enfrenta a comienzos de 2026, en particular los vencimientos de bonos en moneda extranjera que se concentran en enero.

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El Gobierno nacional anunció el relanzamiento del sistema de alerta temprana vía celular AlertAR, una herramienta destinada a enviar avisos inmediatos y geolocalizados ante emergencias climáticas, riesgos ambientales, catástrofes o amenazas a la seguridad pública. El sistema, que había atravesado etapas de prueba en años anteriores, vuelve ahora con tecnología actualizada y coordinación federal para garantizar su funcionamiento en todo el territorio argentino.

De acuerdo con la Secretaría de Innovación y el Ministerio de Seguridad, AlertAR será capaz de emitir notificaciones mediante tecnología de difusión directa —cell broadcast—, que permite que todos los teléfonos dentro de un área determinada reciban el mensaje sin necesidad de conexión a Internet ni aplicaciones adicionales. Este mecanismo se utiliza en países con sistemas avanzados de gestión de emergencias y es considerado una herramienta clave para salvar vidas en situaciones críticas.

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La petrolera estatal YPF anunció la firma de un acuerdo de largo plazo, en asociación con Vista, Shell Argentina y Equinor, para exportar petróleo no convencional desde la formación Vaca Muerta hacia la empresa nacional de energía de Chile, ENAP. El entendimiento consolida a la cuenca neuquina como uno de los polos de producción más dinámicos de la región y abre una nueva etapa en la integración energética entre ambos países.

Según detallaron desde la compañía, el contrato tendrá vigencia hasta 2033 e incluye un volumen inicial de hasta 70.000 barriles diarios de crudo shale que se enviarán desde la Patagonia argentina hacia refinerías chilenas. A valores de mercado actuales, el acuerdo podría aportar alrededor de 12.000 millones de dólares en ingresos a lo largo de todo su período, constituyéndose en una de las operaciones de exportación más relevantes del complejo hidrocarburífero argentino de los últimos años.

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En una sesión extensa y marcada por intensas negociaciones, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó la ley de financiamiento impulsada por el gobernador Axel Kicillof, que habilita al Ejecutivo provincial a tomar deuda en moneda extranjera por un monto equivalente a más de 3.600 millones de dólares. El proyecto fue avalado por las dos cámaras luego de varias semanas de discusión y de sucesivos intentos fallidos para alcanzar los acuerdos políticos necesarios.

La norma autoriza a la administración bonaerense a refinanciar vencimientos de capital e intereses, a obtener recursos para obras de infraestructura y a fortalecer la caja provincial en un contexto de alta tensión financiera. Parte del endeudamiento estará destinado a cancelar pasivos ya existentes, mientras que otra porción se utilizará para proyectos productivos, energéticos y de transporte, además de reforzar programas vinculados a servicios esenciales.

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El Fondo Monetario Internacional volvió a poner la mira sobre la economía argentina y, en particular, sobre el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central. En su última comunicación pública, el organismo sostuvo que el país necesita avanzar con políticas monetarias y cambiarias más ambiciosas para reforzar sus colchones financieros y recuperar el acceso pleno a los mercados internacionales de crédito.

El planteo se conoce en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar su programa de estabilización mientras enfrenta presiones sociales por la inflación, la recesión y el deterioro del salario real. La administración de Javier Milei considera que el ordenamiento fiscal y la reducción del déficit son la base para normalizar la economía, pero el FMI advierte que ese esfuerzo debe complementarse con una estrategia más decidida para fortalecer las reservas internacionales y así reducir la vulnerabilidad externa del país.

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Los gremios estatales anunciaron un nuevo plan de lucha que incluirá paros, asambleas y movilizaciones en distintos puntos del país para exigir mejoras salariales y la actualización de las asignaciones familiares. Las organizaciones sindicales aseguran que la pérdida del poder adquisitivo supera ampliamente las correcciones aplicadas hasta el momento y advierten que, sin una respuesta concreta del Gobierno, el conflicto podría escalar en las próximas semanas.

La medida fue confirmada tras una reunión plenaria en la que participaron representantes de organismos nacionales, docentes, trabajadores de salud y personal de distintas áreas de la administración pública. El diagnóstico fue unánime: los salarios quedaron muy por debajo de la inflación acumulada y, según los gremialistas, no existe margen para seguir postergando una recomposición integral.

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El oficialismo comenzó a mover sus fichas de cara a 2026 y ya trabaja en un paquete de por lo menos diez proyectos de ley que, si llegan al Congreso, reabrirán debates sensibles sobre trabajo, educación, medio ambiente y propiedad de la tierra. La hoja de ruta se viene elaborando en los ministerios de Economía, Desregulación y Capital Humano, y busca capitalizar el nuevo equilibrio parlamentario surgido tras las últimas elecciones.

La señal política se leyó con claridad en la última aparición del presidente en el Parlamento, donde volvió a reivindicar su agenda de reformas estructurales y dejó entrever que la próxima etapa se apoyará en leyes específicas, enviadas de forma escalonada, en lugar de una nueva iniciativa “ómnibus” como la que en su momento concentró la discusión de la Ley de Bases. La idea, según explican en la Casa Rosada, es ordenar la discusión alrededor de bloques temáticos y reducir los puntos de conflicto en cada votación.

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La discusión por la asistencia alimentaria volvió al centro de la agenda pública luego de que la Corte Suprema dejara firme una orden judicial que obliga al Gobierno nacional a distribuir alimentos almacenados en depósitos oficiales entre comedores comunitarios. El máximo tribunal rechazó un planteo del Poder Ejecutivo y confirmó, de hecho, la validez de la medida dispuesta por instancias inferiores.

La resolución llega en un contexto de alta sensibilidad social, con fuertes reclamos de organizaciones barriales, movimientos sociales y referentes territoriales que denuncian faltantes de productos básicos en merenderos y comedores populares. En ese escenario, el fallo del máximo tribunal suma presión sobre las autoridades encargadas de la política social y reaviva el debate sobre la gestión de los programas de asistencia en un marco de ajuste del gasto público.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno mantiene negociaciones avanzadas con un grupo de bancos internacionales para obtener un nuevo crédito destinado a cubrir los vencimientos de deuda previstos para enero y reforzar el frente financiero de corto plazo. Según trascendió de fuentes oficiales y del mercado, el monto del préstamo podría rondar los US$ 7.000 millones, de los cuales una parte se usaría para cancelar obligaciones por alrededor de US$ 4.200 millones y el resto quedaría disponible como margen de liquidez adicional.

La confirmación de las conversaciones llega en un momento en que la administración nacional busca enviar señales de previsibilidad a los acreedores y a los inversores, en medio de un programa económico que combina ajuste fiscal, desregulación y apertura gradual del mercado de cambios. En ese contexto, garantizar la cobertura de los vencimientos del verano es visto como un paso clave para despejar dudas sobre la capacidad de pago de la Argentina en el arranque del año próximo.

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Un nuevo llamado de atención sobre el futuro del Río de la Plata y del litoral atlántico del Cono Sur volvió a encender alarmas entre especialistas y autoridades. Investigadores que trabajan desde hace años en la dinámica de las costas advirtieron que, de mantenerse la combinación de ascenso del nivel del mar, expansión urbana y presión turística, hasta una de cada dos playas de Argentina, Uruguay y Brasil podría desaparecer hacia finales de este siglo.

La advertencia fue presentada en un encuentro científico regional realizado en Montevideo, donde se discutieron los últimos estudios sobre erosión costera y compresión del litoral. El concepto de “compresión costera” describe la pérdida de espacio entre el mar y las infraestructuras construidas por el ser humano, un fenómeno que se agrava cuando se urbanizan las dunas, se avanzan edificaciones sobre la línea de costa y se intensifica el tránsito de personas y vehículos en áreas sensibles.

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YPF confirmó una reestructuración operativa en áreas estratégicas de Vaca Muerta y anunció que incrementará su nivel de inversión durante 2026, impulsada por mejoras en la productividad de los pozos y una reducción significativa en los costos de perforación. La decisión fue comunicada a autoridades provinciales y empresas proveedoras, que ya comenzaron a trabajar en el nuevo esquema de organización interna y en los planes de expansión que la petrolera prevé ejecutar en los próximos meses.

Según fuentes del sector, la compañía reorganizará sus equipos de operación en bloques de shale oil y shale gas con el objetivo de acelerar la curva de aprendizaje, estandarizar procesos y consolidar prácticas que demostraron ser más eficientes durante el último año. El cambio implica modificaciones en las contrataciones de servicios, nuevas responsabilidades para jefaturas de campo y ajustes en la logística asociada a la perforación, el fracking y el transporte interno.

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Un nuevo almuerzo de trabajo entre el equipo económico del Gobierno y los principales referentes del empresariado argentino volvió a poner en primer plano una tensión que se repite desde hace meses: el apoyo explícito al programa de estabilización convive con un reclamo cada vez más urgente por medidas concretas que reactiven la actividad y alivien la presión impositiva sobre la producción y el consumo.

Durante el encuentro, el ministro de Economía defendió el rumbo aplicado en el último año, con especial énfasis en la baja de la inflación, la recomposición de reservas y el objetivo de alcanzar un superávit fiscal sostenido. Para la dirigencia empresaria, esos logros son valorados como una condición necesaria para salir de la crisis, pero no suficientes para apuntalar un mercado interno que aún muestra caída de ventas, dificultades de financiamiento y signos de fatiga social.

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El Fondo Monetario Internacional advirtió hoy que Argentina necesita aplicar políticas “más ambiciosas” para acumular reservas internacionales y fortalecer la estabilidad monetaria del país, en un contexto de persistente fragilidad económica y tensiones sobre el mercado cambiario.

Según un informe reciente del organismo, la acumulación de reservas está por debajo de lo esperado y esto genera vulnerabilidades ante potenciales shocks externos. El FMI señaló que sin un respaldo sólido en divisas resulta difícil sostener una recuperación sostenida y recuperar la confianza de los inversores internacionales.

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El presidente Javier Milei volvió a elegir un auditorio de empresarios, banqueros y analistas financieros para ratificar el rumbo económico de su gobierno y enviar un mensaje político de largo plazo. En el Encuentro de Líderes organizado en el predio de La Rural, el mandatario defendió el programa de ajuste y estabilización, reivindicó la política de emisión monetaria cero y aseguró que su continuidad en el poder dependerá de los resultados concretos que perciba la sociedad argentina.

Durante más de una hora de exposición, Milei repasó los primeros meses de gestión, que describió como una etapa de emergencia marcada por la prioridad de frenar la inflación y ordenar las cuentas públicas. Sostuvo que el congelamiento de la emisión del Banco Central y el recorte del déficit fueron condiciones necesarias para evitar una crisis mayor y que el impacto inicial sobre la actividad y los ingresos forma parte de un proceso de corrección que, según su diagnóstico, ya estaría entrando en una fase más estable.

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El anuncio de un posible paro de colectivos para este viernes volvió a encender las alertas sobre la conflictividad laboral en el transporte público urbano. El sindicato que reúne a los choferes anticipó que podría interrumpir completamente el servicio si, antes del cierre de la jornada previa, no se acreditan los sueldos y el aguinaldo correspondiente en las cuentas de los trabajadores.

La advertencia surge en un escenario de fuerte tensión por el cobro del medio aguinaldo, en el que las empresas señalan dificultades financieras para cumplir en tiempo y forma con las obligaciones salariales. Los representantes patronales plantean que la actualización de tarifas y los fondos compensatorios son insuficientes para cubrir los costos del sistema, mientras que las autoridades nacionales responden que los recursos girados en los últimos meses fueron significativos y que las firmas deben priorizar el pago a sus planteles.

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El nuevo esquema de Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) definido por el Gobierno nacional abrió un frente de conflicto directo con la Confederación General del Trabajo (CGT). Tras el fracaso de la última reunión del Consejo del Salario, el Poder Ejecutivo fijó por decreto un piso inicial de $328.400 y una serie de aumentos mensuales hasta agosto de 2026. La central obrera respondió con un documento público en el que calificó la cifra como “insuficiente” y “desconectada de la realidad cotidiana de las y los trabajadores”.

La resolución oficial establece que el SMVM, que se mantenía congelado en $322.200 desde agosto, pasa a $328.400 desde noviembre y llegará a $334.800 en diciembre. Luego, el esquema prevé incrementos escalonados hasta alcanzar los $376.600 en agosto de 2026. En paralelo, también se actualizan los valores horarios para trabajadores jornalizados, que subirán gradualmente desde los $1.642 actuales hasta ubicarse por encima de los $1.880 en el tramo final del cronograma.

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La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó, tras una extensa sesión que se extendió durante la madrugada, una nueva ley de financiamiento y la creación de un fondo de emergencia municipal por 350.000 millones de pesos. El paquete, impulsado por el gobierno provincial y negociado voto a voto con los distintos bloques, busca darle oxígeno financiero a la administración central y a los municipios en un contexto de alta inflación, caída de la recaudación real y fuertes demandas sociales en los territorios.

El proyecto de financiamiento autoriza a la provincia a tomar nueva deuda y a refinanciar pasivos existentes, con el argumento de garantizar el pago de gastos corrientes sensibles, como salarios y prestaciones sociales, y sostener un mínimo de obra pública estratégica. Al mismo tiempo, el fondo de emergencia municipal se presenta como una herramienta destinada a intendencias de todos los signos políticos para reforzar la caja local frente al encarecimiento de servicios básicos, la presión de los aumentos paritarios y el deterioro del poder adquisitivo de la población.

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El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización de la matriz de costos y de los montos de compensaciones tarifarias que reciben las empresas de colectivos urbanos y suburbanos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida apunta a recalibrar el esquema de subsidios frente a la combinación de aumentos salariales, mayores costos operativos y reclamos empresariales por el atraso de las transferencias.

La decisión quedó plasmada en una resolución del Ministerio de Transporte publicada en el Boletín Oficial, que redefine los Costos e Ingresos Medios del sistema de transporte de pasajeros por automotor en la región. El nuevo esquema toma como referencia la estructura de gastos de las empresas bajo jurisdicción nacional y establece parámetros que también inciden en los servicios coordinados con la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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La Inspección General de Justicia (IGJ), organismo encargado de supervisar a asociaciones civiles y entidades sin fines de lucro, volvió a poner bajo la lupa la situación contable de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Tras años de reclamos por la falta de información detallada en los balances y por estados contables sin aprobación, el organismo decidió intensificar sus requerimientos y evalúa la apertura de un sumario formal por presuntas irregularidades.

De acuerdo con fuentes oficiales, en los próximos días la IGJ enviará una nueva intimación para que la conducción de la AFA brinde precisiones sobre rubros contables que figuran de manera global en sus estados financieros. El foco está puesto en partidas millonarias vinculadas a gastos administrativos, erogaciones para las selecciones nacionales, transferencias a organismos internacionales y el financiamiento de distintas actividades del fútbol argentino.

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El Gobierno nacional confirmó un nuevo esquema de aumentos mensuales del salario mínimo, vital y móvil que regirá hasta agosto de 2026 y que fija una referencia central para millones de trabajadores registrados, informales y beneficiarios de programas sociales. El nuevo piso para la jornada legal completa se ubicará por encima de los 320.000 pesos en la primera etapa y tendrá subas sucesivas, mes a mes, a lo largo de los próximos diez meses, según lo acordado en el ámbito tripartito entre representantes del Ejecutivo, sindicatos y cámaras empresarias.

La decisión se formalizó a través de una resolución publicada en las últimas horas, que detalla los montos mínimos que deberán percibir quienes estén alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo, el régimen de trabajo agrario, el empleo en la administración pública nacional y los organismos descentralizados, así como otros sectores en los que el salario mínimo funciona como referencia obligatoria. Además, se actualizan los valores horarios para los trabajadores jornalizados, que también integran el esquema de recomposición gradual.

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La causa por presuntas coimas y manejos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un capítulo clave en las últimas horas. El juez federal Sebastián Casanello rechazó los pedidos de nulidad y sobreseimiento presentados por la defensa del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y decidió mantener abierta la investigación por presunta corrupción en torno a contrataciones, pagos y posibles pedidos de sobornos vinculados a la estructura del organismo.

La defensa de Spagnuolo había solicitado que se anulara buena parte del expediente con el argumento de que los audios que originaron la denuncia se encontraban manipulados y habían sido obtenidos de manera ilegítima. Apoyada en un peritaje de parte, la estrategia apuntaba a instalar la idea de que el material estaba intervenido con herramientas de inteligencia artificial y que, en consecuencia, no podía ser utilizado como prueba válida. Sobre esa base, reclamó también el sobreseimiento definitivo del ex funcionario.

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La Corte Suprema de Justicia dispuso la ejecución efectiva de los decomisos ordenados contra Lázaro Báez y su hijo Martín en causas por lavado de dinero y administración fraudulenta de fondos públicos. La decisión, comunicada al Tribunal Oral Federal 4, pone en marcha el traspaso al Estado nacional de bienes inmuebles, sumas de dinero y fondos provenientes de subastas, por un monto que supera los 60 millones de dólares. Se trata de uno de los mayores recuperos patrimoniales derivados de casos de corrupción en la historia reciente del país.

El fallo ordena que se proceda a la transferencia de las sumas dinerarias ya decomisadas, así como de los fondos obtenidos en remates de propiedades vinculadas al grupo empresario de los Báez, a cuentas bancarias bajo la órbita del máximo tribunal. A partir de allí, y una vez culminados los pasos administrativos y registrales, esos activos deberán ser incorporados al patrimonio del Estado. La resolución alcanza tanto a montos en dólares como a sumas en pesos que, según lo establecido en la sentencia, deben actualizarse por índices de precios.

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El plan de ajuste del Gobierno nacional entra en una nueva fase con el anuncio de una reducción adicional de hasta 30.000 puestos en el sector público. De acuerdo con la información difundida por fuentes oficiales y recogida por distintos medios, el recorte apunta especialmente a contratos temporarios, organismos descentralizados y empresas estatales, y se suma a una primera ola de despidos y no renovaciones que ya dejó decenas de miles de trabajadores afuera de la administración.

En la Casa Rosada se presenta la medida como una continuidad del programa de “racionalización del Estado” y se argumenta que el objetivo es reducir el gasto corriente para consolidar el equilibrio fiscal. Funcionarios del área económica sostienen que hay dependencias duplicadas, estructuras sobredimensionadas y programas que, a su criterio, perdieron sentido, y que el ajuste busca ordenar un aparato estatal que consideran sobredimensionado luego de años de expansión.

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La confirmación de que la mina de cobre y oro Alumbrera volverá a operar en la provincia de Catamarca marca un punto de inflexión para la minería argentina. Tras su cierre en 2018, el país dejó de producir cobre de manera efectiva, quedando relegado en un mercado global dominado por grandes jugadores sudamericanos. La decisión empresaria de reactivar el yacimiento bajo un nuevo marco de incentivos a la inversión devuelve al cobre al centro de la discusión económica y productiva nacional.

Alumbrera fue durante dos décadas uno de los proyectos más emblemáticos de la megaminería metalífera en Argentina. Su cierre, asociado al agotamiento de las reservas explotables y a cambios en las condiciones de mercado, dejó a la región de Catamarca con un fuerte impacto en empleo, actividad logística y recaudación fiscal. Ahora, el anuncio de reabrir la operación con un cronograma que prevé retomar la producción hacia 2028 vuelve a colocar a la provincia en el mapa de los grandes proyectos mineros de cobre de la región.

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Un tribunal oral se encuentra evaluando si eleva a juicio una causa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones de obra pública realizadas por un municipio del conurbano bonaerense. El expediente, que lleva varios años de desarrollo, reúne un volumen significativo de documentación, informes de auditoría, declaraciones testimoniales y peritajes que buscan esclarecer si existió direccionamiento de licitaciones, sobrecostos o prácticas incompatibles con los procedimientos establecidos en las normas de contratación del sector público.

La causa involucra a exfuncionarios municipales y a empresarios del rubro de la construcción que participaron en diversas obras relacionadas con pavimentación, mejoras urbanas y mantenimiento de infraestructura básica. Según los informes preliminares incorporados al expediente, se habrían detectado contrataciones sucesivas con un grupo reducido de empresas, algunas de las cuales mantenían vínculos comerciales o societarios entre sí, lo que podría haber generado un escenario de competencia limitada o simulada.

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Las empresas de transporte urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) advirtieron que el sistema atraviesa una situación financiera crítica debido al aumento sostenido de costos operativos y a la caída de la recaudación por menor demanda. El sector señala que la ecuación económica continúa deteriorándose, lo que podría impactar en las frecuencias, el mantenimiento de unidades y la continuidad de algunos servicios.

Los operadores explican que el incremento del precio del combustible, junto con subas en repuestos, neumáticos y seguros, generó un salto en los costos diarios de operación. A esta situación se suma el encarecimiento de servicios asociados como talleres, insumos mecánicos y logística, que afectan el funcionamiento de las empresas incluso durante períodos de menor actividad.

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El Gobierno nacional estudia la implementación de un nuevo esquema de actualización tarifaria para el servicio de electricidad a partir de 2026, con el objetivo de reducir subsidios, ordenar los costos del sistema y garantizar niveles mínimos de inversión en las distribuidoras. La medida se encuentra en análisis dentro del Ministerio de Energía, que trabaja con organismos técnicos y empresas del sector para evaluar escenarios de impacto económico y social.

Según fuentes oficiales, el esquema bajo estudio incluiría una actualización escalonada que evitaría saltos bruscos pero permitiría corregir el atraso acumulado en distintos segmentos tarifarios. El Gobierno reconoce que la estructura actual mantiene niveles elevados de subsidios que presionan sobre las cuentas públicas y dificultan la planificación de obras esenciales. En paralelo, las distribuidoras advierten que sin una corrección progresiva será complejo sostener los planes de mantenimiento e inversión qu...

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Gobernadores de múltiples provincias expresaron preocupación por la demora en las transferencias nacionales destinadas a programas de salud, educación y asistencia social. La inquietud se manifestó en una serie de comunicaciones formales enviadas al Ministerio del Interior y al Ministerio de Economía, donde se advierte que los retrasos impactan en la continuidad de políticas clave para miles de familias, especialmente en regiones con menor autonomía financiera.

Los fondos comprometidos incluyen partidas para hospitales provinciales, insumos médicos, programas de vacunación, comedores escolares y complementos salariales vinculados a la docencia. Varias administraciones provinciales señalaron que, en los últimos meses, las transferencias se acreditaron con menor regularidad, dificultando la planificación presupuestaria y la ejecución de servicios esenciales. Algunas autoridades locales describen el panorama como “tenso”, ya que deben reasignar recursos internos para evitar interrupciones en áreas críticas.

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La Justicia federal activó nuevas medidas de prueba en distintos expedientes vinculados a contrataciones irregulares dentro de organismos públicos nacionales. Los casos, que involucran obras, convenios y servicios adjudicados con procedimientos bajo sospecha, avanzan en juzgados de Comodoro Py a partir de informes solicitados a auditorías internas, declaraciones testimoniales y requerimientos de documentación adicional.

En uno de los expedientes, se investiga la adjudicación de consultorías cuyo costo habría excedido los montos habituales para tareas técnicas comparables. Magistrados ordenaron recopilar antecedentes administrativos, verificar la trazabilidad de los pagos y analizar si existió competencia real entre los oferentes. El caso incluye también la revisión de informes finales entregados por los consultores, con el fin de evaluar su correspondencia con los montos abonados.

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Los relevamientos privados de precios registraron una desaceleración en la inflación semanal, atribuida principalmente a la caída en los valores de alimentos básicos como frutas, verduras y algunos lácteos. Esta baja aportó un alivio relativo en el índice general, que venía mostrando incrementos constantes durante las últimas semanas. Sin embargo, especialistas advierten que este comportamiento podría ser transitorio debido a la presión de otros rubros que continúan en alza.

Entre los productos que registraron descensos, se destacan frutas estacionales, cortes de verduras de alta rotación y categorías puntuales de lácteos que habían acumulado subas significativas en semanas anteriores. Los analistas señalan que la combinación de una mayor oferta, mejoras logísticas y factores estacionales contribuyó a esta moderación. No obstante, remarcan que los descensos no alcanzan para compensar el impacto de aumentos en otros sectores clave del consumo masivo.

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Transportistas, operadores logísticos y cámaras agroexportadoras manifestaron creciente preocupación por las demoras registradas en los puertos del Gran Rosario, una zona que concentra la mayor parte de los embarques agrícolas del país. La combinación de congestión en accesos, menor disponibilidad de barcazas y retrasos en la programación de cargas generó cuellos de botella que impactan de forma directa sobre los tiempos de exportación.

Durante las últimas semanas, transportistas reportaron largas filas de camiones en rutas provinciales y accesos a las terminales. La concentración de cosechas tardías, sumada a interrupciones puntuales por tareas de mantenimiento, contribuyó a saturar la capacidad operativa. Conductores señalan que los tiempos de espera pueden extenderse varias horas, afectando la rotación de unidades y aumentando los costos logísticos.

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El Banco Central anunció un ajuste en la política monetaria que incluye cambios en las tasas de interés para plazos fijos e instrumentos de deuda de corto plazo. La medida forma parte de una estrategia más amplia destinada a ordenar expectativas, moderar la demanda de divisas y fortalecer la estabilidad del mercado financiero en un contexto de volatilidad cambiaria.

Según fuentes del organismo, la decisión responde al análisis de variables recientes que mostraron tensiones en los mercados monetarios y una mayor preferencia del público por instrumentos dolarizados. El reajuste busca ofrecer alternativas más atractivas en pesos que permitan absorber liquidez y sostener la demanda por activos financieros locales.

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Un tribunal oral se encuentra evaluando si eleva a juicio una causa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones de obra pública realizadas por un municipio del conurbano bonaerense. El expediente, que lleva varios años de desarrollo, reúne un volumen significativo de documentación, informes de auditoría, declaraciones testimoniales y peritajes que buscan esclarecer si existió direccionamiento de licitaciones, sobrecostos o prácticas incompatibles con los procedimientos establecidos en las normas de contratación del sector público.

La causa involucra a exfuncionarios municipales y a empresarios del rubro de la construcción que participaron en diversas obras relacionadas con pavimentación, mejoras urbanas y mantenimiento de infraestructura básica. Según los informes preliminares incorporados al expediente, se habrían detectado contrataciones sucesivas con un grupo reducido de empresas, algunas de las cuales mantenían vínculos comerciales o societarios entre sí, lo que podría haber generado un escenario de competencia limitada o simulada.

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La Cámara Federal se apresta a revisar un fallo de alto impacto institucional en el que se investigan presuntos operativos de espionaje interno desarrollados durante una gestión anterior. El expediente, que reúne cientos de fojas, declaraciones de testigos y documentación reservada, buscará establecer si se utilizaron estructuras del Estado para monitorear de manera irregular a periodistas, dirigentes políticos, funcionarios y referentes sociales por fuera de los límites fijados por la legislación vigente en materia de inteligencia.

El caso llegó a la instancia de Cámara luego de que la defensa de varios imputados apelara las decisiones del juzgado de primera instancia, que había dispuesto procesamientos y medidas cautelares sobre exautoridades de áreas vinculadas a seguridad e inteligencia. Los camaristas deberán analizar ahora si aquellas resoluciones se ajustaron a derecho, si las pruebas reunidas son suficientes para mantener las imputaciones y qué alcance jurídico corresponde otorgar a las tareas que fueron descriptas como presuntos seguimientos, escuchas y recopilación de información sensible sin orden judicial.

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La Justicia federal abrió una nueva etapa en la investigación por presunto desvío de fondos en un programa social de alcance nacional, luego de que una serie de auditorías internas y denuncias administrativas derivaran en la intervención de un juzgado con competencia en delitos contra la administración pública. La causa, que se encuentra en etapa preliminar, busca determinar si existieron intermediarios, estructuras paralelas u omisiones de control que permitieran redireccionar recursos destinados a hogares vulnerables hacia circuitos ajenos a los objetivos originales del plan.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas en el expediente, la hipótesis central apunta a la existencia de un esquema montado a partir de convenios con organizaciones sociales y entidades intermedias que habrían concentrado la ejecución de una porción significativa del presupuesto. Los investigadores intentan reconstruir si esos fondos llegaron efectivamente a los beneficiarios finales o si una parte quedó retenida, se utilizó para gastos no previstos o se canalizó hacia estructuras con escaso o nulo registro documental.

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